El Informe de libertad de expresión en el Perú del Consejo de la Prensa Peruana revela un aumento en las denuncias y agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el país, lo que refleja un clima de creciente hostilidad hacia la libertad de expresión y la labor de los comunicadores. Varios casos de acoso, intimidación y amenazas han sido denunciados, generando preocupación entre las organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

Caso Willax: el fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial de Delitos de Lavado de Activos, denunció por acoso y coacción a la periodista Karina Aliaga Neyra, del programa Contracorriente, de Willax. En un reciente reportaje, Aliaga indagó en una supuesta incompatibilidad entre la casa donde vive el fiscal Vela y sus ingresos y préstamos bancarios. La denuncia interpuesta por Vela ante la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad señala que la periodista “ha realizado actos de seguimiento […] buscando tener información”. A ello, la denuncia llama “asedio”. Señala también el envío de mensajes de texto, “lo cual confirma el constante acoso y seguimiento”.

Caso Christopher Acosta y Pedro Tenorio: Juan Peña, abogado del exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini, quien ejerció durante el gobierno de Dina Boluarte, denunció a los periodistas del canal Latina Christopher Acosta y Pedro Tenorio por una supuesta “revelación indebida de identidad” relacionada al escándalo Qali Warma, programa del Estado que entregó a niños alimentos en mal estado y que estaría involucrado, según revelaciones del canal, en una red de corrupción. Entre los investigados del caso figura Fredy Hinojosa, actual vocero presidencial. Latina señaló que el nombre de la testigo ya era de conocimiento público. Según Peña, los periodistas señalaron públicamente el nombre de una testigo del caso. El exministro Julio Demartini dijo que la denuncia de su abogado fue “a título personal”.

Caso Clara Elvira Ospina: la periodista de Epicentro TV, Clara Elvira Ospina, denunció un ataque cibernético en su contra. Ospina señaló que viene siendo insultada sistemáticamente: “puta”, “sicaria”, “terrorista”, entre muchas otras injurias. La periodista estima que detrás de esos insultos, propalados a través de perfiles anónimos en redes sociales, “hay funcionarios públicos”.

Caso El Comercio: en febrero, algunas figuras públicas señalaron que el diario El Comercio recibió financiamiento de USAID, comprometiendo así su línea editorial. El diario anunció que no recibió financiamiento directo. Más bien, señaló que el costo de algunas de sus iniciativas, como los talleres previos a las Audiencias Vecinales, fue cubierto por organizaciones como IDEA Internacional, que ha manejado proyectos financiados por USAID. El Comercio señaló que transparentó a sus lectores en cada nota publicada la relación con IDEA.

Caso alcalde de Lima contra Exitosa: el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, amenazó con denunciar por difamación agravada al periodista de Exitosa Nicolás Lúcar luego de que éste difundiera documentos oficiales en los que se demuestra que el funcionario, cuando era regidor de Lima en el 2009, votó a favor de la concesión de peajes a la empresa brasileña OAS, involucrada en el caso Lava Jato. Asimismo, López Aliaga agredió al periodista con insultos y divulgación de material de índole privado. Por otro lado, el alcalde denunció ante el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, a radio Exitosa por “infracciones” a la Ley de Radio y Televisión. Previamente, la conductora Jaqueline García Rodríguez le había dicho al alcalde que, en caso de que un sicario atentara contra su vida, él sería el responsable.

Caso Los Insurgentes: el Poder Judicial sentenció al integrante del grupo civil radical ‘Los Insurgentes’ Benjamín Vidal Gil por el delito de difamación agravada contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, quien interpuso una querella. Vidal había acusado hace un año a Gorriti de “terrorista, amigo de terroristas y contrata terroristas”. El sentenciado deberá cumplir una serie de reglas de conducta y pagar una reparación civil de S/.25,000, unos US$6,500. ‘Los Insurgentes’ son conocidos por hostigar periodistas y funcionarios públicos.

Caso María Agüero: la congresista de Perú Libre María Agüero presentó un proyecto de ley que, supuestamente, aboga por la transparencia de los medios de comunicación. Éste exige que los medios presenten al Poder Ejecutivo un informe de ingresos externos, desde el monto preciso hasta los términos específicos de los financiamientos, incluyendo indicadores de los medios como tiraje, rating y alcance. De no cumplirse con la exigencia, los medios hasta podrían ser cerrados.

Caso Dina Boluarte: nuevamente, periodistas de diversos medios fueron limitados en su cobertura durante una visita oficial de la presidenta Dina Boluarte a Moquegua, donde inauguró un colegio. Periodistas fueron hostigados en el ingreso a la escuela. Como ya es usual durante las actividades de Boluarte, fueron confinados a un espacio restringido, lo que evitó la formulación de preguntas.

POSICIÓN INSTITUCIONAL

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) considera que las recientes denuncias contra periodistas y medios de comunicación reflejan un patrón de hostigamiento y amenazas que atentan contra la libertad de expresión en Perú. La organización rechaza la acusación de «acoso» presentada por el fiscal Rafael Vela Barba contra la periodista Karina Aliaga, destacando que el trabajo de los periodistas, incluyendo el seguimiento de figuras públicas, es legítimo y no debe ser considerado acoso. Además, el CPP condena la denuncia del abogado del exministro Julio Demartini contra los periodistas Christopher Acosta y Pedro Tenorio, viéndola como un intento de intimidación contra la fiscalización del Estado.

El CPP también critica la desinformación sobre los fondos recibidos por los medios, señalando que el financiamiento de organismos internacionales no está reñido con la independencia editorial, ni debe ser usado como excusa para estigmatizar a los medios. En cuanto al proyecto de ley presentado por la congresista María Agüero, el CPP lo considera una iniciativa que, aunque parece promover la transparencia, en realidad busca ejercer control sobre los medios, accediendo a información sensible y potencialmente llevando a la persecución y cierre de medios que no cumplan con las exigencias.

Por último, el CPP denuncia las limitaciones impuestas a la prensa durante las actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, lo que muestra un intento por controlar y restringir el trabajo periodístico. La organización concluye que estas medidas y denuncias constituyen un ataque al ejercicio libre de la prensa y la fiscalización que es esencial para una democracia saludable.