POR: JORGE ACOSTA ZEVALLOS

La firma del Tratado de Altamar por parte de Dina Boluarte en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, realizada en París, ha suscitado varios pronunciamientos de constitucionalistas, empresarios pesqueros y trabajadores del mar en contra de la mandataria, con el argumento de que ha traicionado a la patria, ya que el documento atenta contra la soberanía del Estado peruano sobre las 200 millas marinas, que es considerado constitucionalmente como nuestro mar territorial.

EL ORIGEN DE LA SOBERANÍA SOBRE LAS 200 MILLAS

Para entender más el tema, empecemos por secuenciar varias citas. Primero: “La soberanía del Perú sobre las 200 millas marítimas fue proclamada el 1 de agosto de 1947 mediante el Decreto Supremo N.° 781, durante el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero”. Este decreto estableció que el país ejercería jurisdicción y control sobre la plataforma submarina y los mares adyacentes a sus costas, con el objetivo de proteger, conservar y aprovechar sus recursos naturales.

Esta decisión fue un acontecimiento internacional, ya que hasta ese entonces solo se consideraban tres millas de mar adyacente como territorio nacional. También fue clave porque, con este precedente, nuestro mar era invadido por embarcaciones de grandes potencias. En nuestras Constituciones Políticas está asentado este contenido.

PRESIÓN INTERNACIONAL Y EL NACIMIENTO DE CONVEMAR

A nivel internacional, tras esta decisión peruana comenzaron reacciones adversas, impulsadas principalmente por los intereses de los países desarrollados con influencia en las organizaciones internacionales. Es a través de la ONU que se realizan varias convenciones, destacando las de Ginebra de 1958, y posteriormente, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, llevada a cabo entre 1973 y 1982.

De esta conferencia surgió la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), adoptada el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, Jamaica, como resultado de negociaciones y la necesidad de establecer un orden legal sobre el uso del mar. Sin embargo, Estados Unidos y Europa ejercieron gran influencia en su diseño.

Según CONVEMAR, la demarcación marítima se organiza en zonas con diferentes niveles de soberanía:

• Mar Territorial: hasta 12 millas náuticas desde la costa, con plena soberanía estatal.
• Zona Contigua: hasta 24 millas, con competencias preventivas.
• Zona Económica Exclusiva (ZEE): hasta 200 millas, con derechos exclusivos sobre los recursos naturales.
• Plataforma Continental: puede extenderse más allá de las 200 millas si el Estado lo justifica científicamente.

Como se observa, existe una notoria diferencia entre la soberanía de 200 millas que defiende el Perú y lo que reconoce CONVEMAR con solo 12 millas como mar territorial. Por esta razón, nuestro país nunca ha ratificado dicho acuerdo.

LOS PROBLEMAS REALES DE ALTAMAR

Según informes recientes, los principales factores que afectan la biodiversidad marina en altamar incluyen el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación pesquera.

Los arrecifes de coral han disminuido en más del 50% en algunas regiones del planeta. Además, llegan al océano más de 11 millones de toneladas de plástico al año. En el caso peruano, se pierden más de 1,200 millones de soles anuales debido a la pesca ilegal.

Uno de los principales focos de preocupación es la pesca ilegal de embarcaciones chinas, con entre 400 y 600 barcos operando cerca del mar peruano.

¿QUÉ PROPONE EL TRATADO DE ALTAMAR?

Aquí entra en debate el Tratado de Altamar, cuya intención declarada es:

• Crear áreas marinas protegidas en alta mar.
• Realizar evaluaciones de impacto ambiental para actividades en aguas internacionales.
• Regular el acceso y uso de recursos genéticos marinos.
• Promover la cooperación científica y tecnológica entre países.

Los defensores del tratado afirman que es independiente de CONVEMAR y que no afecta al mar territorial de las 200 millas.

Ver para creer. Es el momento de iniciar el debate antes de que lo apruebe el Congreso de la República.