POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
El consejero delegado del Gobierno Regional de Moquegua, Pedro Noguera Prado, remite oficio a los gerentes del GORE Moquegua para prevenir la permanencia laboral de servidores públicos.
El 17 de enero de 2025, el consejero delegado del Gobierno Regional de Moquegua, Pedro Noguera Prado, remitió el oficio circular N° 007-2025-GRM/CR/CD/PNP, dirigido al Ingeniero Abraham Ponce Sosa, Gerente General del GORE Moquegua; al Ingeniero Carlos Herrera Berolatti, Gerente de la Subregión Ilo; al Ingeniero Franz Diego Flores Flores, Gerente General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande; y al Ingeniero Jorge Mamani Flores, Gerente de la Subregión General Sánchez Cerro. El propósito de este oficio es que los funcionarios tomen conocimiento de la normativa vigente y adopten las acciones preventivas correspondientes, dentro de sus responsabilidades, para evitar que los servidores públicos en sus respectivas dependencias superen el año de servicio y obtengan la permanencia laboral, conforme a lo establecido por la Ley N° 24041.
En su artículo primero, la Ley N° 24041 establece que «los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicio, no pueden ser cesados ni destituidos sino por causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en el mismo».
En virtud de lo expuesto, el consejero delegado, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, solicita a los gerentes responsables de los despachos que dirigen, bajo su competencia, que adopten las medidas necesarias para evitar posibles procesos judiciales contra el Gobierno Regional de Moquegua, los cuales podrían generar perjuicios económicos.
Un ejemplo de esta situación es el caso de la señora Susana Margaret Hernández Espinoza, quien laboró como Asistente Administrativo I y fue ascendida a Asistente Técnico I en la Subgerencia de Infraestructura Pública de la Subregión Ilo, bajo la gestión del Ingeniero Jaime Carlos Herrera Berolatti. En este caso, la señora Hernández podría acceder a la permanencia laboral en el mes de febrero si no se realiza un corte o ajuste en su historial laboral.
La medida preventiva adoptada por el consejero delegado responde a situaciones que han sido observadas en diversas instituciones públicas, donde algunos funcionarios elegidos por voto popular, como alcaldes y gobernadores regionales, otorgan «favores políticos». Estos servidores, en muchos casos, han sido protegidos por sus superiores debido a su lealtad, apoyo incondicional y silencio ante irregularidades y hechos de corrupción ocurridos durante la gestión. Como resultado, algunos de estos servidores reciben como «premio» la permanencia laboral, lo que afecta económicamente a las instituciones públicas.
