POR: MSC. ARQ. GUSTAVO PUMA CÁCERES (*)

En el Perú y la Macrorregión Sur, las ampliaciones de plazo en las obras públicas es un tema que afecta tanto la eficiencia y eficacia en la ejecución de proyectos como la gestión de recursos del Estado. Esto se debe a la dificultad de completar diseños y proyectos y puede ser atribuido a diversos factores que pueden variar desde problemas administrativos hasta desafíos técnicos. Y como si fuese poco, también existe deficiencia en profesionales y malas autoridades donde usan esta salida para pretender lucrar y generan atrasos intencionados perjudicando a los usuarios, como los pobladores de la zona, por lo que analizaremos las causas y consecuencias de este problema, así como posibles soluciones.

En el caso de la región Arequipa existente 95 obras paralizadas y 18 le corresponden al GORE Arequipa; según lo indicado por el contralor de la República origina pérdidas económicas por corrupción por un monto de S/78 millones en Arequipa. Esto representa una disminución respecto al año anterior, que superó los S/ 100 millones. Actualmente hay un total de 401 funcionarios y servidores que enfrentan responsabilidad administrativa, civil y penal por presuntas irregularidades e infracciones.

En estas ampliaciones, por ejemplo, los cambios en el diseño original, problemas de financiamiento, disputas con contratistas y cambios en la normativa pueden contribuir a retrasos significativos en la ejecución de proyectos. Además, eventos imprevistos como desastres naturales o pandemias pueden exacerbar aún más estas demoras.

Además, los inesperados hallazgos arqueológicos, condiciones geológicas adversas, cambios en el diseño original debido a la necesidad de adaptación a nuevas normas de seguridad o ambientales. 

Todo ello genera un incremento de costos de la obra afectando el presupuesto en perjuicio de los usuarios finales, la comunidad.

Existen varias razones por las cuales se producen demoras injustificadas en las obras de la Macrorregión Sur

1. Falta de planificación y estudios previos: los proyectos se inician sin contar con estudios de manera conceptual o sin una planificación detallada. 
2. Problemas con la adquisición de terrenos y que en algunos casos los terrenos donde se ejecutará la obra no están saneados o no se cuenta con la disponibilidad de los mismos. 
3. Deficiencias en los expedientes técnicos ya que contiene errores, omisiones o inconsistencias que obligan a realizar modificaciones durante la ejecución de la obra.
4. Falta de financiamiento oportuno, cuando no se cuenta con la asignación presupuestal necesario para ejecutar la obra en los plazos establecidos.

Las consecuencias negativas de las ampliaciones son:   

• Sobrecostos por mayores gastos generales y gastos financieros.
• Retraso en la entrega de los beneficios de la obra al pueblo.
• Pérdida de confianza de la población en las instituciones públicas.
• Incremento de la corrupción, ya que las demoras pueden ser utilizadas como excusa para solicitar sobornos.

Estas ampliaciones pueden generar una percepción negativa y desconfianza entre los ciudadanos respecto a la eficiencia, eficacia y la transparencia del manejo gubernamental de las autoridades. 

Para reducir las demoras en las obras públicas, se pueden implementar las siguientes soluciones:

• Mejorar la planificación y estudios previos: Es necesario fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos en materia de planificación y gestión de proyectos. Además, se deben realizar estudios de perfil más exhaustivos antes de iniciar las obras.
• Saneamiento oportuno de terrenos: Las entidades públicas deben asegurar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras realizando los trámites de saneamiento físico y legal con anticipación.
• Mejorar la calidad de los expedientes técnicos, contratando a profesionales calificados y realizando revisiones exhaustivas antes de aprobarlos.

En tal sentido, la ampliación de plazo es un remedio legal que faculta al contratista a solicitar el restablecimiento del plazo perdido por eventos que no le son atribuibles y que afectan la ruta crítica del proyecto. En caso se reconozca este mayor plazo, se deberá pagar al contratista los mayores gastos generales variables y los costos directos relacionados a la ampliación.

Además, se deben fortalecer los mecanismos de control y transparencia para evitar la corrupción. Solo así podremos garantizar que las obras públicas se ejecuten en los plazos establecidos y con la calidad requerida.

Esperamos que la nueva ley de contrataciones permita tener obras de mejor calidad y con ello mitigar estos retrasos y sus efectos negativos en el desarrollo del país.

(*) Artículo en colaboración con: Ing. Kevin Salas Quiroz.