POR: JULIO FARFÁN VALVERDE     

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, enfrenta otro grave escándalo de su gestión tras ser formalmente incluida en una investigación preparatoria fiscal por delitos de corrupción.

En el presente caso, Gutierrez Ayala no solo habría encubierto el pedido de una coima para la contratación de personal en el Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) del Gobierno Regional, sino que además se le atribuye haber direccionado la contratación irregular de la denunciante, a fin de silenciarla.

EL CASO

Con fecha 28 de marzo de 2024, el Ministerio Público levantó el Acta Fiscal de denuncia presentada por la ciudadana Yobana Everli Rosado Cruz, quien declaró que, en su búsqueda de empleo, tuvo contacto con dos personas que en ese momento trabajaban en el Gobierno Regional de Moquegua y que le solicitaron una coima para facilitarle un puesto laboral. Sin embargo, luego de entregar el dinero, no cumplieron su promesa.

Ante ello, Rosado Cruz acudió a las instalaciones del Gobierno Regional (GORE) para informar directamente a la gobernadora regional, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, sobre el hecho. Pero, en lugar de denunciar el presunto acto delictivo ante el Ministerio Público, la gobernadora coordinó con funcionarios del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) para que se contratara a la denunciante como vigilante, a pesar de que no existía necesidad de personal para ese cargo. Esta contratación se habría realizado bajo la condición de que Yobana Rosado guardara silencio sobre el pedido de coima.

El Ministerio Público dio inicio a la investigación preliminar correspondiente. Durante las diligencias realizadas por el fiscal a cargo del caso, se hallaron evidencias e indicios que apuntan a la presunta comisión de varios delitos contra la administración pública: Tráfico de Influencias, Negociación Incompatible, Peculado y Omisión de Denuncia, tipificados en los artículos 400, 399, 387 y 407 del Código Penal. Los hechos se habrían cometido en agravio del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.

LA DISPOSICIÓN FISCAL DEL EXPEDIENTE 2024-74

Como resultado, el 22 de abril de 2025, el fiscal Marco Antonio Guevara Guevara, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, emitió la Disposición Fiscal N.° 5, mediante la cual formalizó y dispuso la continuación de la investigación preparatoria por un plazo de 120 días.

Así en primer lugar, el Ministerio Público dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria por el plazo de ciento veinte (120) días en contra de Ricardo Jesús Peña de la Cruz, en calidad de autor, y de Yobana Everli Rosado Cruz, como instigadora, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias, previsto y sancionado en el artículo 400 del Código Penal. Este delito se habría cometido en agravio del Gobierno Regional de Moquegua, debidamente representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.

En segundo término, se ordenó formalizar y continuar con la investigación preparatoria por el plazo de ciento veinte (120) días en contra de Gilia Gutiérrez Ayala, Frescia Nohely Vega Torres, Gilberto Luis Pacho Mamani y Mario Martín Garcilazo de la Flor, todos en calidad de autores, así como de Yobana Everli Rosado Cruz, en calidad de cómplice, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal. Este delito también se habría perpetrado en agravio del Gobierno Regional de Moquegua, representado por la mencionada procuraduría especializada.

Finalmente, el Ministerio Público resolvió formalizar y continuar con la investigación preparatoria por el plazo de ciento veinte (120) días en contra de Gilia Gutiérrez Ayala, en calidad de autora, por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de omisión de denuncia, contemplado en el artículo 407 del Código Penal, también en agravio del Gobierno Regional de Moquegua, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Moquegua.

IMPUTACIÓN CONCRETA SOBRE EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Respecto del investigado Ricardo Jesús Peña de la Cruz (autor): El Ministerio Público le imputa haber solicitado y recibido un pago indebido de S/300.00 (trescientos soles) de parte de Yobana Everli Rosado Cruz, a cambio de gestionar su ingreso como vigilante en el Gobierno Regional de Moquegua.

La entrega del dinero se habría coordinado con el ciudadano identificado como «Fredy Chura» o «Fredy Churacutipa», cuya identidad aún no ha sido plenamente confirmada. Peña de la Cruz habría hecho creer falsamente que tenía poder de decisión sobre contrataciones, cuando en realidad solo prestaba servicios como guía o ayudante de campo en trabajos de mantenimiento y limpieza.

La suma fue entregada directamente en su domicilio, ubicado en la Asociación Los Jardines, Mz. C, lote 2 – Sector A-5 del Centro Poblado Chen Chen, en la ciudad de Moquegua. A cambio del dinero, ofreció verbalmente un puesto que nunca llegó a otorgar, configurando así, según la fiscalía, una conducta típica del delito de tráfico de influencias.

Respecto de la investigada Yobana Everli Rosado Cruz (instigadora): A Yobana Rosado se le atribuye haber instigado el delito de tráfico de influencias al acceder voluntariamente a entregar los S/300.00 soles solicitados por Ricardo Peña de la Cruz, a través de un tercero, con el objetivo de obtener un puesto en la administración pública.

Para reunir el monto exigido, gestionó un préstamo en la entidad financiera Caja Arequipa, y concretó la entrega del dinero en el domicilio del investigado. La fiscalía sostiene que, tras efectuar el pago, la investigada realizó llamadas insistentes exigiendo que se cumpla la promesa, y llegó incluso a amenazar con acudir a los medios de comunicación para denunciar públicamente a quien —según sus propias palabras— le había pedido la “coima”.

IMPUTACIÓN CONCRETA SOBRE EL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

Respecto de la investigada Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala (autora): A la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, se le imputa haber intervenido indirectamente para favorecer la contratación de Yobana Everli Rosado Cruz como vigilante del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG).

La investigación sostiene que se valió de su cargo y de su cercanía con la funcionaria Frescia Nohely Vega Torres para transmitir su pedido a los responsables del proceso de contratación. Esta intervención habría tenido como objetivo evitar que Rosado Cruz denunciara públicamente el cobro de dinero exigido por personal del Gobierno Regional a cambio de un puesto de trabajo.

Respecto de la investigada Frescia Nohely Vega Torres (autora): En su calidad de abogada encargada de contratos en el PERPG, Frescia Vega habría gestionado de forma directa la contratación de Yobana Rosado, actuando a pedido expreso de la gobernadora Gutiérrez Ayala.

Usando su cargo y su cercanía con los funcionarios responsables, intercedió ante ellos para materializar la solicitud. Además, elaboró el contrato de trabajo sujeto a modalidad de servicio específico N.° 0680-2023-G-G-PERPG/GR-MOQ, suscrito el 9 de junio de 2023, que establecía un vínculo laboral como vigilante del PERPG con una remuneración de S/2,211.40 por un periodo hasta el 31 de julio del mismo año.

La fiscalía advierte que dicho contrato fue tramitado a sabiendas de que no existía necesidad real de cubrir ese puesto, ya que otros trabajadores ya desempeñaban funciones de vigilancia en turnos organizados. La contratación de Rosado provocó que se duplique temporalmente la asignación de personal, exclusivamente durante los días en los que ella laboró. Además, Vega Torres dio su visto bueno al contrato pese a que las labores de Rosado comenzaron recién el 13 de junio, cuatro días después de la fecha indicada como inicio de la relación laboral.

Respecto del investigado Gilberto Luis Pacho Mamani (autor): En su condición de jefe de la Oficina de Recursos Humanos del PERPG, Gilberto Pacho es acusado de haber respaldado de manera indebida el ingreso de Yobana Rosado a la entidad. Según la fiscalía, elaboró el requerimiento de personal para un puesto de vigilante mediante el Informe N.° 491-2023-GRM/PERPG-OADM-EP, pese a que no existía demanda real para dicho cargo. Esta acción, ejecutada el 7 de junio de 2023, se habría realizado por orden de la gobernadora Gutiérrez Ayala y por intermediación de la funcionaria Vega Torres.

El informe sirvió de sustento presupuestal para la contratación, simulando una necesidad inexistente. Pacho Mamani, como responsable del sistema de personal del PERPG, quebrantó sus funciones al impulsar un proceso irregular que terminó beneficiando a una persona sin justificación operativa. Finalmente, visó el contrato del 9 de junio, pese a que la trabajadora recién inició funciones el 13 de junio, formalizando así una contratación ficticia durante los primeros días del vínculo.

Respecto del investigado Mario Martín Garcilazo de la Flor (autor): Al entonces jefe de la Oficina de Administración del PERPG, Mario Garcilazo de la Flor, se le atribuye haber intervenido directamente para viabilizar la contratación irregular de Yobana Everli Rosado Cruz. La imputación señala que, cumpliendo instrucciones transmitidas por la funcionaria Frescia Nohely Vega Torres en representación de la gobernadora regional, elaboró y elevó el Informe N.° 0345-2023-GRM/PERPG-GG/OADM con fecha 7 de junio de 2023, registrado el 8 de junio, mediante el cual oficializó el requerimiento de contratación ante la Gerencia General del PERPG.

Dicho trámite se habría realizado sin una justificación técnica válida, dado que el puesto de vigilante ya estaba cubierto y existía una adecuada organización por turnos. No obstante, la inclusión de Rosado generó que, únicamente durante los días en los que ella laboró, se duplicara el número de vigilantes por turno. Según la fiscalía, Garcilazo formalizó este proceso sin ejercer control alguno sobre la verdadera necesidad operativa del cargo.

Además, en virtud de una resolución que le delegaba facultades para firmar contratos, Garcilazo de la Flor suscribió el contrato laboral de Yobana Rosado el 9 de junio de 2023, pese a que las labores efectivas de la trabajadora recién comenzaron el 13 del mismo mes, generando un desfase injustificado y una afectación al correcto uso de los recursos del PERPG.

Respecto de la investigada Yobana Everli Rosado Cruz (cómplice): A Yobana Rosado se le imputa haber participado como cómplice en el delito de negociación incompatible al beneficiarse de una contratación direccionada y carente de sustento técnico. De acuerdo con la investigación, accedió a un puesto como vigilante en el PERPG por intervención directa de la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, como parte de un acuerdo informal destinado a silenciar su denuncia por el cobro de una coima.

Pese a conocer que su contratación no respondía a una necesidad real y que ya existía personal asignado a esa labor, Rosado Cruz aceptó el cargo y firmó el contrato N.° 0680-2023-G-G-PERPG/GR-MOQ. La fiscalía señala que esta participación pasiva pero consciente contribuyó a consolidar una acción administrativa irregular y perjudicial para el Estado.

IMPUTACIÓN CONCRETA SOBRE EL DELITO DE OMISIÓN DE DENUNCIA

Respecto de la investigada Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala (autora): El Ministerio Público imputa a la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, la presunta comisión del delito de omisión de denuncia, tipificado en el artículo 407 del Código Penal.

Según la investigación, Gutiérrez Ayala tomó conocimiento directo de la solicitud de dinero que habría sufrido la ciudadana Yobana Everli Rosado Cruz por parte de dos presuntos trabajadores del Gobierno Regional, quienes le habrían exigido S/300.00 soles a cambio de facilitarle un puesto laboral.

Lejos de cumplir con su deber de autoridad y poner en conocimiento del Ministerio Público este presunto hecho delictivo, la gobernadora habría optado por silenciar la denuncia. Para ello, según la fiscalía, pidió expresamente a Yobana Rosado que no contara lo ocurrido y le ofreció un puesto de trabajo a cambio de su silencio, promesa que luego se concretó con su contratación como vigilante en el Proyecto Especial Regional Pasto Grande por un período de dos meses.

Este accionar, calificado como delito por el Ministerio Público, evidencia —según la imputación— un claro incumplimiento del deber funcional de denunciar hechos ilícitos, especialmente viniendo de la autoridad regional Gilia Gutierrez Ayala que, además, cuenta con formación profesional en Derecho (abogada). Tal conducta habría permitido que el acto irregular no fuera investigado oportunamente y que los presuntos responsables iniciales evadieran el accionar de la justicia.