POR: GUSTAVO PUMA CÁCERES

La brecha entre la ciudadanía y el Congreso alcanza su punto más crítico: mientras los peruanos temen por su seguridad, los legisladores legislan a favor de su propia impunidad y blindan su futuro. En la última sesión ordinaria del pleno, el Congreso aprobó la Ley de Impunidad para militares y policías, el retorno de la inmunidad parlamentaria para delitos comunes, una medida impopular que atropella derechos y perpetúa la impunidad. Aunque se justifica como protección contra la persecución política, el diseño aprobado consolida un nuevo blindaje: los legisladores no podrán ser procesados ni detenidos sin autorización del Pleno, incluso en casos de flagrancia. Con esto, la impunidad queda institucionalizada.

Es el Congreso peruano más desprestigiado de la década y probablemente de toda la república. En marzo de 2025, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que solo el 2% de la ciudadanía respalda al Congreso, la cifra más baja desde 2021. Lejos de revertir este rechazo, los parlamentarios han optado por reforzar sus privilegios. En los últimos años, el Legislativo peruano ha consolidado una reputación preocupante: ya no es solo un espacio donde la impunidad persiste, sino donde se normaliza.

La democracia está en crisis. El 2025 encuentra a este poder del Estado sumido en una paradoja: mientras los discursos oficiales prometen transparencia y ética, la realidad expone una clase política operando bajo privilegios y opacidad. Los casos de congresistas investigados, pero raramente sancionados, por enriquecimiento ilícito, obstrucción a la justicia o vínculos con intereses privados han convertido al hemiciclo en un símbolo de la cultura de impunidad que domina cada sesión.

UN LEGISLATIVO EN CRISIS

Los casos de parlamentarios investigados por delitos como colusión, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la justicia se multiplican, pero las sanciones efectivas brillan por su ausencia; mientras la ciudadanía exige castigos ejemplares, muchos congresistas parecen operar bajo un manto de protección legal y política que les permite evadir responsabilidades.

El fuero parlamentario, diseñado para proteger a los legisladores de persecuciones políticas, se ha convertido en un escudo para evadir procesos judiciales. Según un informe de Transparencia Internacional (2025), al menos 15 congresistas están bajo investigación por corrupción, pero solo 2 han enfrentado suspensiones temporales.

REFORMAS QUE NUNCA LLEGAN

Año tras año, se prometen leyes para combatir la corrupción y fortalecer la ética pública, pero estas iniciativas suelen archivarse o modificarse hasta volverse ineficaces. En el 2025, proyectos clave como la eliminación del fuero parlamentario en casos de corrupción y la prohibición de la reelección inmediata para congresistas investigados siguen estancados, gracias a la misma clase política que se beneficia de estos privilegios.

Además, la fragmentación partidaria y los intereses personales han convertido al Congreso en un espacio de negociaciones opacas, donde priman sus intereses individuales y los acuerdos bajo la mesa antes que el bienestar del país.

La ciudadanía exige cambios. Las encuestas reflejan un rechazo histórico hacia el Congreso, con más del 98% de peruanos desaprobando su gestión. Movimientos ciudadanos y organizaciones anticorrupción han intensificado sus protestas, exigiendo una depuración total de los legisladores involucrados en actos ilícitos. Sin embargo, mientras no exista una voluntad política real para reformar el sistema, la impunidad seguirá campando en el hemiciclo. El Perú merece un Congreso que legisle para el pueblo, no para proteger a sus propios miembros.

EL COSTO DEMOCRÁTICO

La erosión de la confianza en el Congreso trasciende lo político: socava la gobernabilidad, la gobernanza, debilita la legitimidad y el contrato social. En un contexto donde la ciudadanía exige instituciones ejemplares, la persistencia de prácticas corruptas sin consecuencias profundiza el desencanto.

Urge, por tanto, no solo sanciones ejemplares para los casos flagrantes, sino una reestructuración normativa que priorice la probidad, la transparencia en el uso de recursos públicos y la verdadera independencia de los órganos fiscalizadores.

Mientras el Perú avanza hacia un nuevo ciclo electoral al 2026, la pregunta sigue pendiente: ¿podrá el Congreso rescatarse a sí mismo, o su falta de autocrítica lo condenará a ser recordado como el peor de todos los congresos y que alentaron una democracia fracturada?

La respuesta dependerá de si prevalece la voluntad de cambio o el peso de los intereses creados por cada uno de los congresistas.