Por: Mauricio Aguirre Corvalán
A más de una semana de la segunda vuelta todavía no tenemos presidente electo, y parece que esto tiene para largo. En medio de la crisis de indefinición electoral que estamos viviendo, el tiempo sin embargo, no parece ser lo más importante. Podríamos tener paciencia y esperar los días o semanas que sean necesarios si las condiciones de respeto por el resultado final estuvieran garantizadas. Lamentablemente, más allá de declaraciones políticamente correctas, ni Fuerza Popular ni Perú Libre han dado muestras claras de que respetarán la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, el organismo que finalmente tendrá la palabra final ante la avalancha de nulidades de última hora presentadas por ambas agrupaciones políticas.
Qué bueno sería que en un momento de incertidumbre como el actual podamos ver, por ejemplo, una declaración conjunta de ambos candidatos con compromisos firmes de respeto a la institucionalidad sea cual fuere el resultado final. Al contrario, sus voceros en muchos casos han enfilado sus baterías contra los integrantes del Jurado Electoral. Hay una campaña por desacreditar al organismo que, justamente, tendrá la última palabra y definirá un ganador. Eso se llama, y hay que decirlo clarito, crear las condiciones para no reconocer los resultados si no le son favorables.
Es verdad que la garantía de preservar los votos reales de cada candidato debe ser la principal tarea de las autoridades electorales, pero también es cierto que eso debe enmarcarse en el respeto de las reglas de juego. Presionar en el sentido inverso no le hace ningún favor a la democracia ni a la decisión soberana de la gente en las urnas. Las autoridades electorales pueden, y deben, tener un criterio amplio que garantice el respeto a cada uno de los votos legítimamente emitidos por los casi 19 millones de peruanos que fueron a votar, pero tampoco pueden, ni deben, torcer las reglas electorales ante la presión de uno u otro grupo político.
Tanto Castillo como Fujimori han dicho que respetarán los resultados, pero ninguno se ha esforzado mucho en cuidar la credibilidad de los organismos electorales. Al contrario, la candidata de Fuerza Popular se ha encargado de introducir la sospecha de fraude en una elección tan ajustada y polarizada. Y eso es como prender un fósforo en un grifo. El candidato de Perú Libre, por su parte, llegó a pedir la intervención del Ministerio Público para vigilar el conteo de los votos que realiza la ONPE, en una clara muestra de la desconfianza del trabajo de la autoridad electoral.
En este escenario, sin importar cuál sea el resultado, será muy difícil que el nuevo gobierno inicie funciones con un mínimo de estabilidad política. Está claro que el perdedor no aceptará los resultados. Ambos candidatos han creado las condiciones para desacreditar a los organismos electorales y eso es lo más grave en estos días de incertidumbre. El ganador pagará las consecuencias cuando sea gobierno.
Cuando sólo faltan unas pocas actas por contabilizar y con una diferencia un poco por debajo de los 50 mil votos a favor de Pedro Castillo, la resolución de los pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular debería definir la elección. Sin embargo el domingo por la noche sus voceros ya anunciaron que de ser necesario impulsarán otras acciones. Y eso ya está ocurriendo. Ayer lunes le han pedido a la ONPE que se realice una auditoría informática al proceso de digitalización de actas. Que no nos sorprenda que esta elección termine en los tribunales de justicia.
Así las cosas, lo días pasan, la calle se polariza, la incertidumbre aumenta, la sospecha de fraude crece y las autoridades electorales pierden credibilidad. Lamentablemente el escenario perfecto para los que están listos, y con muchas ganas, para patear el tablero. Esto se pone muy feo.