POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
El último martes, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), liderado por la doctora Marita Barreto ejecutó el operativo denominado Valkiria II, deteniendo preliminarmente a 7 personas y allanando 21 inmuebles, como parte de la investigación que se le sigue a la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Lo que acaparó la atención de los distintos medios de comunicación fue el ingreso imprevisto al domicilio del periodista Juan Carlos Tafur, exdirector del Diario Correo, y dueño del portal SUDACA. Visiblemente sorprendido, Tafur Rivera cuestionó la decisión del titular de la acción penal, calificándola de venganza. En esa misma línea, algunos colegas suyos como Rosa María Palacios tuvieron la misma posición indicando que “en el Perú no hay delito de opinión”. Inclusive el exdefensor del Estado, Luis Vargas Valdivia, salió en su defensa. Y todo esto nace a raíz de la supuesta declaración de un testigo protegido.
En paralelo, y también de manera sorpresiva, el Tribunal Constitucional (TC) admitió la medida cautelar peticionada por el Congreso de la República en el proceso competencial contra el Poder Judicial, resolviendo que los señores Inés Tello y Aldo Vásquez se encuentran destituidos como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), hasta que se pronuncie la Corte Suprema sobre la validez o no de la cautelar que ordenó la reposición provisional en dicho cargo. ¿lo entendieron? Tampoco yo.
Lo cierto es que esta decisión se da en el momento que esta entidad estaba a punto de votar por la destitución de Benavides Vargas del Ministerio Público. Como respuesta, el Procurador Público de la JNJ solicitó a la Procuraduría General del Estado evaluar el inicio de acciones contra Francisco Morales, presidente del TC, por falta de imparcialidad, toda vez que un presunto testigo protegido manifestó que un exfiscal lo contactó para beneficiar a Patricia Benavides en la mencionada demanda competencial.
Desafortunadamente, el concepto del testigo protegido aplicado por los operadores de justicia en el país es como solemos decir coloquialmente “me dijeron por ahí que…”, o “me contó un pajarito que…”, claro está en términos jurídicos. El riesgo, evidente, está en que es imposible su corroboración, y es usada y abusada en contra de cualquiera. Sí amigo lector, usted o quien suscribe estás líneas podríamos ser las próximas víctimas.