La crisis social que desató en Ecuador la eliminación de los subsidios a los combustibles paralizó este viernes el transporte público y vació las escuelas por segundo día consecutivo, aunque las fuertes protestas en las calles parecieron amainar bajo el estado de excepción impuesto por el gobierno.
Luego de los disturbios del jueves -que dejaron 35 heridos incluidos 21 policías, además de 350 detenidos, según autoridades-, el pequeño país petrolero sigue lidiando con la huelga de los transportistas, que desafían la medida de excepción.
Sin taxis ni autobuses circulando, los ecuatorianos debieron ingeniárselas para cumplir con sus actividades, mientras las clases están suspendidas por orden gubernamental.
En Quito, solo opera el servicio municipal de transporte -insuficiente para atender la demanda, por lo que las Fuerzas Armadas habilitaron sus vehículos para movilizar a los ciudadanos. En virtud de la medida de excepción declarada por 60 días, los militares también están en las calles para controlar la seguridad.
«No queremos desestabilizar el país, pero lamentablemente en este momento lo que se está tratando es de sobrevivir», dijo a la prensa el presidente de la Federación Nacional de Transportistas Pesados, Luis Vizcaíno. «Si se logra bajar un poco las tarifas del combustible creo que puede haber una salida para que el Ecuador vuelva la paz», añadió.
El descontento estalló por cuenta del alza de más del 100% en el precio de los combustibles que desencadenó el desmonte de los subsidios por parte del gobierno de Lenín Moreno, tras cuatro de décadas de vigencia.
El Ejecutivo adoptó la impopular medida en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener millonarios préstamos ante el desbarajuste de su economía dolarizada.
El elevado endeudamiento de los últimos años -que Moreno achaca a su antecesor Rafael Correa- afectó la liquidez, según las autoridades.
Pese a las protestas, Moreno dijo que no cambiará de «opinión» sobre el fin de los subsidios -que al año representaban 1.300 millones de dólares- y apeló al estado de excepción para enfrentar a los manifestantes que en la víspera protagonizaron violentos choques con la policía, saqueos y otros desmanes.
Bajo esa figura constitucional, el presidente quedó facultado para restringir derechos, aunque de momento solo ha empleado esas atribuciones para reforzar el control con los militares.
«Con el estado de excepción se está logrando el propósito fundamental, el cual es restablecer el orden y la paz social», expresó el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, en rueda de prensa el viernes en la casa presidencial.