POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
En reciente visita de trabajo a la ciudad de Arequipa, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Nancy Tolentino Gamarra, declaró: «las autoridades son elegidas por el pueblo, ellos tienen que canalizar los presupuestos para llevar el desarrollo y obras a sus regiones. En cumplimiento de su mandato, cómo es posible que alguien pueda pasar esa situación», en clara alusión al actuar de Hernán Crisisto Aycaya, alcalde de Acora (Puno), quién se arrodilló ante su pueblo y pidió perdón por haberse reunido con la presidente de la República, Dina Boluarte Zegarra.
Algo similar ocurrió en la misma región, provincia de Azángaro, donde los pobladores del distrito de San Antón evalúan pedir la suspensión o vacancia del burgomaestre Marco Antonio Mamani Luna, por haberse reunido con la mandataria. Semanas atrás, precisamente en la previa a las festividades del Inti Raymi, el titular de la Municipalidad Provincial de Cusco, Luis Pantoja, afirmó no haber invitado a la señora Boluarte Zegarra a dichas celebraciones por no estar de acuerdo con su gobierno; sin embargo, a fines de mayo pasado, este mismo personaje público afirmó desde los EEUU que en nuestro país se respetan los derechos humanos, lo que valió críticas de algunos exaltados vecinos, por lo que al poco tiempo tuvo que recular.
Pero, ¿qué tan ciertas han sido las frases vertidas por la ministra del MIMP?. Si bien nuestra Constitución Política refiere que los municipios gozan de autonomía económica y administrativa en asuntos de su competencia, también los es que el Estado peruano es único e indivisible; es decir, estas entidades no son islas y están sujetas a colaboración y control. Ejemplo son los Informes de auditoría que periódicamente emiten los Órganos de Control Institucional (OCI), dependientes funcionalmente de la Contraloría General de la República. Los hallazgos (evidencias, pruebas, indicios, etc.) de los OCI pueden conllevar a responsabilidades funcionales, civiles y penales de funcionarios y colaboradores de estas instituciones.
Asimismo, el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios, es ente rector de políticas públicas a nivel nacional. Por ello, en materia de Poblaciones Vulnerables la rectoría la ejerce el MIMP, dictando políticas relacionadas con el funcionamiento de las DEMUNA y Sociedades de Beneficencia. Dicho esto, las autoridades ediles pueden, y deben, coordinar con sus pares al interior del gobierno para llevar a cabo acciones en procura y mejora de la población.
De esto último, resulta curioso (por decirlo menos) que el 2022, en el rubro “Adquisición de Activos No Financieros”, Acora ejecutó poco más de 50% del presupuesto de S/ 23 millones; mientras que San Antón NO ejecutó el 28% del presupuesto de S/ 28 millones, y Cusco que NO gastó el 22% del presupuesto de S/ 75 millones. Ocurre desde luego el afán de congraciarse con “su pueblo” con acciones demagógicas como las descritas anteriormente, ocultando la falta de capacidad de gestión, especialmente en lo que se refiere a la ejecución de obras en la localidad.
En resumen, en adelante más que pedir perdón a “su pueblo”, los alcaldes quizá debieran preocuparse un tanto más en gastar (correctamente) el presupuesto asignado en la construcción de pistas, veredas, jardines, etc., logrando con esto el reconocimiento posterior no solo de sus vecinos, sino además del Perú entero.