POR: ABOGADO CÉSAR MARÍN CÁCERES
El jueves 30 en el Congreso se dio cuenta del pedido de moción de vacancia de Dina Boluarte y para esta semana se votará su admisión o no, para ello se necesita más de 52 votos para aprobar dicho pedido. De prosperar se deberá señalar día y hora para que se presente la presidenta en el pleno del Congreso para su defensa en forma personal o mediante su abogado.
A simple vista es difícil conseguir los 52 votos en el Congreso para aprobar la moción de vacancia, porque ya se conoce por adelantado forma en que se va a votar y solo conseguirían 35 votos a favor de la vacancia de la actual presidenta.
El pedido de vacancia es por la responsabilidad en las muertes de las protestas, por incapacidad moral permanente para gobernar, como se ha podido apreciar ante los primeros muertos en Huamanga, Ayacucho por parte de las Fuerzas Armadas, en vez de cambiar al ministro de defensa Alberto Otárola, la presidente lo nombra presidente del Consejo de Ministros.
Dina Boluarte ha dicho: “Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero yo no tengo comando, es decir, yo no voy y les digo: “oigan hagan esto o hagan aquello”. Un presidente no puede decir que no conoce sobre lo que ejecutan la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en el Perú existe una jurisprudencia en la sentencia que condena a Alberto Fujimori en el caso de Barrios Altos en donde ya se estableció la figura de la autoría mediata que establece hasta donde alcanza la responsabilidad penal del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
La figura de la autoría mediata permite imputar responsabilidad penal a título de autores a aquellos que sin ejecutar los hechos directamente se limitaban a dar las órdenes para su comisión, con esta figura se ha sentenciado a Alberto Fujimori, esto quiere decir que los presidentes no solo tienen responsabilidad política, sino que también tienen responsabilidad penal.
Dina Boluarte no está gobernando conforme a la Constitución sino en base a régimen de excepción con estados de emergencia y sin balance de poderes. Y en estos estados de emergencia es que se han producido las muertes, y las detenciones arbitrarias, como en el caso del sucedido en la Universidad San Marcos. Algún día los verdaderos responsables tendrán que afrontar un juicio justo, transparente y eficaz, y tal parece que eso solo va a suceder cuando este gobierno caiga.