POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
En plena crisis sanitaria, las notas periodísticas dan cuenta de la orden de detención de los gobernadores regionales de Ancash Juan Carlos Morillo y de Lambayeque Anselmo Lozano Centurión, casi en paralelo el Poder Judicial sentenció a 35 años de cárcel al ex gobernador de Ancash César Álvarez.
En marzo del 2015 se publicó la ley de reforma constitucional sobre no reelección de gobernadores regionales y alcaldes, uno de los argumentos fácticos de entonces, las graves denuncias por corrupción recaídas en algunas las autoridades regionales. El impacto de la pandemia de COVID-19, se manifestó en todo el país y evidenció las graves limitaciones en infraestructura hospitalaria, carencia de médicos, falta de equipamiento, medicamentos e insumos limitados, entre otros; pero también fue pública la descoordinación horizontal entre entidades de la Salud, la Dirección Regional de Salud, EsSalud y Sanidad de la Policía; descoordinación vertical entre el Ministerio de Salud y las Direcciones Regionales de Salud, obligando a que se instituyan Comandos Covid-19 en algunas regiones, que motivó a pronunciamientos de las autoridades regionales, alegando la defensa de su autonomía y competencias.
Siempre se reclama al gobierno nacional mayores recursos para inversión, pero revisemos el balance de cada año, resultados finales con presupuestos no gastados y aún los gastados, no necesariamente en proyectos estratégicos que permitan sostenibilidad futura a las regiones. Tres temas: corrupción, servicios esenciales, inversiones, de los muchos, para preguntarnos, ¿qué pasó con la descentralización?
A partir del 2001, se aperturó un esperanzador proceso político en nuestro país, en perspectiva de desarrollo y bienestar para los peruanos, así se priorizó la descentralización en el debate público. Se aprobó la Ley 27680, Ley de Reforma Constitucional, que modifica el Capítulo XIV al Título IV de la Constitución de 1993, sentándose las bases del proceso de descentralización. Sostenido en el diálogo y el consenso se suscribió el Acuerdo Nacional, el 22 de Julio del 2002, con 29 políticas de Estado, hoy son 35, estableciéndose en la “Política 8. Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú”; sobreviniendo un amplio marco legal para su desarrollo.
Como espacio democrático y con elecciones periódicas, las autoridades regionales, refuerza la legitimidad democrática. Sin embargo, desde el interior del país, mirando al gobierno nacional, se le reclama mayor presupuesto; agilidad en los trámites técnico-burocráticos para dar viabilidad a sus proyectos; inversión directa en proyectos estratégicos; mayores competencias; suprimir distintos organismos públicos, programas o proyectos especiales (funciones paralelas); mayor soporte profesional; homologación remunerativa. Desde el centralismo limeño, se les observa a las regiones, más transparencia, optimizar sus inversiones, capacidad de gasto, mejora de sus procesos internos y profesionalizar a su funcionariado.
El gobernador regional del Cuzco Jean Paul Benavente, con claridad y razón, exponía su extrañeza, que los gobiernos regionales inician el año con un corto Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y lo cerraban con un amplio Presupuesto Modificado PIM, todo lo contrario ocurría con el Gobierno Nacional; la respuesta es que aún el presupuesto público es centralista, y que conforme avanzan los meses, y el gobierno nacional no gasta, dispone las transferencias -a la desesperada-, revisada la ejecución presupuestal: los gobiernos regionales no gastan. Por consiguiente, el Presupuesto General, debe sincerarse, descentralizarse y optimizarse en su ejecución.
El canon minero -en particular, es fuente de discordia, porque genera importantes recursos, pero no a todas las regiones por igual, y por ello se percibe un desarrollo disparejo entre ellas. Allí el gobierno nacional, realiza con mucha creatividad, una labor de ponderación para con distintas fuentes de financiamiento, pueda en lo posible equilibrar ese diferencial. Loreto, con el verdor de su amazonia, despierta esperanza y, sin embargo, es una de las regiones con mayores limitaciones de desarrollo, por una grave ausencia de Estado y por carencia de recursos. Somos un Estado unitario y descentralizado. Hay una fuerte corriente migratoria hacia las regiones mineras, se han mejorado algunos servicios públicos, pero aún queda pendiente la agenda de nuestro futuro, proyectos estratégicos, que nos liberen de esta dependencia minera, tratándose de recursos no renovables.
A comienzos del presente siglo, ese espíritu descentralista, motivó la exigencia de los Planes de Desarrollo Estratégico Concertado, con una indiscutible legitimidad, diagnóstico objetivo, razonada planificación, priorización de proyectos, convirtiéndose en auténticas guías democráticas para el buen gobierno; hoy en día, con una tibia presencia en la toma de decisiones, es más que necesaria su revitalización.
La descentralización, permite al Estado, en sus distintos niveles de gobierno, lograr el desarrollo, cumplir su objetivo fundamental, que es la satisfacción de las necesidades y el bienestar de la ciudadanía. Se han dado avances, no en la dimensión de lo requerido, pero estamos a tiempo de darle ese impulso, tan necesario, que nos permita retomar ese compromiso de un país con todos y para todos. Está definida la política pública, se tiene un marco legal y constitucional, lo que falta es voluntad política, los tiempos exigen respuestas, es ahora.