La Contraloría detectó irregularidades en el uso de recursos económicos del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), específicamente en la compra injustificada de un equipo aéreo (dron) con recursos para financiar la formulación de un estudio de pre inversión para ampliar la frontera agrícola mediante la desalinización del agua de mar en Lomas de Ilo y reservas naturales de la región.
El Informe de Control Específico N° 002-2022-2-5347 reveló que en el año 2019 se adquirió un dron que no cumplía con las especificaciones técnicas y con presupuesto que fue transferido exclusivamente para la elaboración de estudios de pre inversión. Estos hechos ocasionaron un perjuicio económico de S/ 214 250; así como presunta responsabilidad penal y administrativa de seis exservidores del proyecto Pasto Grande.
La Gerencia General del PERPG aprobó el plan para el estudio de pre-inversión mencionado, con un presupuesto de S/ 575 649 y un plazo de 330 días calendarios. Dicho plan contemplaba contratar servicios de consultoría y estudios especializados; pero también la compra de un dron sin ningún sustento técnico para su utilización.
El área usuaria, presentada por la Gerencia de Producción y Desarrollo Agrícola (GEPRODA) requirió la adquisición de una aeronave pilotada remotamente sin considerar que para su operación la Entidad debía contar con un operador acreditado por el MTC.
La entidad convocó un proceso de selección y en la segunda convocatoria con especificaciones técnicas mínimas modificadas, se otorgó la buena pro a la empresa SYSMAP PERÚ S.A.C por la suma de S/ 200 859 y un plazo de 15 días calendarios; cuya oferta no cumplía con las especificaciones requeridas tanto del dron como del curso de capacitación. Pese a ello, el 15 de noviembre de 2019 se suscribió contrato; pero el proveedor entregó incompleto el bien con un retraso de 14 días.
Pese a ello, GEPRODA dio conformidad al bien y a la capacitación de uso; sin embargo, se evidenció que el dron tiene limitaciones en su vuelo lo que condicionó a que la aeronave permanezca internada en Patrimonio sin haber sido utilizada desde su adquisición. También se incumplió con la capacitación de procesamiento de imágenes y el capacitador no cumplía el perfil que presentó el proveedor en su oferta.
El Informe de Contraloría se remitió al titular del Gobierno Regional de Moquegua y del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) recomendándole el deslinde de responsabilidades administrativas. Además, se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción el inicio de acciones legales penales contra los presuntos responsables.
