POR: ARNULFO BENAVENTE DÍAZ
Desde 2022, expresar opiniones críticas contra la guerra en Ucrania o difundir lo que el gobierno califique como “información falsa” sobre el ejército se castiga con severas penas de cárcel.
Casi la totalidad de los medios independientes han sido clausurados o declarados “agentes extranjeros”. El gobierno aplica bloqueos masivos a redes sociales y páginas web para limitar el flujo de información externa.
Organizaciones de derechos humanos de prestigio internacional, como Amnistía Internacional, reportan detenciones arbitrarias continuas y juicios sin garantías para penalizar cualquier forma de protesta pública.
En el ámbito religioso, Rusia se define constitucionalmente como un Estado laico, pero, en la práctica, otorga un estatus privilegiado a la Iglesia Ortodoxa Rusa, dirigida por el patriarca Cirilo.
El Kremlin utiliza la fe ortodoxa como un pilar de cohesión social e identidad patriótica. La Iglesia promueve activamente la doctrina del Russkiy Mir (Mundo Ruso), justificando las decisiones geopolíticas del gobierno como una “defensa moral y espiritual” frente a Occidente.
Las cuatro religiones tradicionales:
Una ley de 1997 reconoce de forma automática los derechos de la Iglesia Ortodoxa, el islam, el budismo y el judaísmo. Sin embargo, la libertad para predicar públicamente se ha restringido para evitar tensiones locales.
Aquellos grupos que no se alinean con las directrices estatales o que son percibidos como influencias extranjeras sufren una fuerte persecución.
Los Testigos de Jehová fueron declarados “organización extremista” en 2017 y sus miembros siguen siendo encarcelados.
En 2025, el Tribunal Supremo ilegalizó lo que denominó el “Movimiento Satanista Internacional”.
