La Comisión Permanente se reunió ayer por segunda vez luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso. Tras varias horas de debate, se aprobó la elaboración de un informe técnico-legal respecto al funcionamiento de la Comisión Permanente y, específicamente, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el período anual de sesiones 2019-2020.
A la sesión faltaron algunos congresistas como Indira Huilca, quien denunció un «uso político» de la Comisión Permanente y cuestionó que Pedro Olaechea convocara a este grupo para ver «temas que no le competen», como reformar la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y no programar el estudio de tres decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo.
Antes de tratar el tema central, la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los integrantes de la Comisión Permanente sostuvieron un largo debate sobre la legalidad de la disolución del Congreso dispuesta por el presidente Vizcarra y las reales funciones de esta comisión luego de esta medida.