POR: DR. JESÚS MACEDO GONZALES
Hace unos días nos reunimos con un jurado y una profesional sorda que planteó una tesis para medir la accesibilidad para personas sordas en la universidad, y el jurado preguntaba si había alguna persona sorda como para hacer la investigación. Como asesor, les pregunté: ¿y si no hubiera personas sordas, no tendría la universidad que brindarles mecanismos de accesibilidad para que estudien aquí?
Nuestra sociedad pocas veces se pregunta: ¿se han imaginado lo que significa vivir en una sociedad donde todos hablan, pero muy pocos hacen el esfuerzo de comprenderlos? Imagínense acudir a un hospital y no poder comunicar lo que sienten, lo que les duele o lo que les preocupa. Imagínense llegar a una comisaría para denunciar una injusticia y encontrar que nadie puede comprender su testimonio. O ingresar a una universidad, cargados de sueños y esperanzas, para descubrir que las aulas todavía no están preparadas para garantizarles el derecho a aprender.
Esta es la realidad que viven muchas personas sordas en nuestro país. Una realidad que debería interpelarnos no solamente como ciudadanos, sino, sobre todo, como seres humanos. Porque debemos comprender una verdad fundamental: la discapacidad no está únicamente en las condiciones de una persona, sino también en las barreras que una sociedad construye cuando no reconoce la diversidad humana.
Durante demasiado tiempo hemos confundido discapacidad con incapacidad, y asistencia con inclusión. Hemos creído que basta con abrir las puertas de una institución para hablar de igualdad. Sin embargo, desde el enfoque de los derechos humanos, la verdadera inclusión significa garantizar que todas las personas puedan aprender, comunicarse, decidir y participar con dignidad y autonomía.
En el Perú, la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y la Ley N.° 29535, que reconoce oficialmente la Lengua de Señas Peruana, constituyen avances fundamentales. Pero las leyes, por sí solas, no transforman la realidad. El gran desafío consiste en convertir los derechos reconocidos en el papel en oportunidades reales para la vida.
Preguntémonos entonces: ¿de qué sirve proclamar el derecho a la educación si un estudiante sordo no cuenta con los apoyos necesarios para comprender sus clases? ¿De qué sirve defender la igualdad ante la ley si una persona no puede comunicarse adecuadamente con un médico, un juez o un funcionario público?
Aquí nuestras universidades tienen una responsabilidad ética, académica y social impostergable. No podemos hablar de excelencia educativa mientras existan estudiantes que encuentran barreras para acceder al conocimiento. Necesitamos intérpretes de Lengua de Señas Peruana, tecnologías accesibles y, especialmente, una comunidad universitaria comprometida con el respeto a la diversidad.
Deberíamos empezar a conocer la lengua de señas que permite expresar pensamientos, sentimientos, conocimientos y una identidad cultural. Por eso, cuando una persona sorda exige accesibilidad, no está solicitando compasión ni un privilegio. Está reclamando justicia, igualdad y el reconocimiento de su dignidad humana. Además, una sociedad verdaderamente inclusiva no es aquella donde todos pueden escuchar, sino aquella donde ninguna persona queda condenada a la indiferencia por su forma de comunicarse.
