POR: EDGARD NORBERTO “BETO” LAJO PAREDES
Los alcaldes y regidores electos asumen funciones el 1 de enero del año siguiente al de las elecciones, previa juramentación, conforme al artículo 34 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, la cual se puede realizar antes del 1 de enero. El alcalde juramenta ante el primer regidor de su lista; luego, los regidores lo hacen ante el alcalde (Guía breve para la juramentación de las nuevas autoridades regionales y municipales 2023-2026), aplicable para las autoridades recientemente elegidas. En anteriores ocasiones, algunos burgomaestres juraron ante un familiar, el líder de su organización política, un vecino notable y otros; esto es ilegal, no es juramentación, convirtiendo al alcalde en autoridad irregular y haciendo que los actos de gobierno, administrativos y de administración que realicen carezcan de legalidad, ocasionando problemas y perjuicios a la entidad edil.
Los alcaldes y regidores provinciales o distritales están impedidos de ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas en los procesos de contratación de cualquier entidad pública del ámbito de competencia territorial de la provincia o distrito, durante el ejercicio del cargo y hasta los seis meses siguientes a su culminación. Tal impedimento alcanza a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, e incluye al cónyuge, conviviente y al progenitor del hijo de los impedidos, en atención al artículo 30 de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, concordante con el artículo 39 del Decreto Supremo N.° 009-2025-EF, Reglamento de la Ley N.° 32069; las sanciones son: multa, inhabilitación temporal o inhabilitación permanente o definitiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales.
Los alcaldes tienen prohibido nombrar, designar, contratar o encargar a personas en quienes no concurran los requisitos legales para un cargo público municipal; esto es delito de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo (también comete delito el que acepta el cargo público sin contar con los requisitos de ley). Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa, según el artículo 381 del Código Penal. Estas infracciones y delitos se cometen en los primeros 30 días de inicio de gestión edil. Están prevenidos.
Dato importante: “Las sesiones de concejo municipal son públicas, salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen”; así lo establece la primera parte del primer párrafo del artículo 13 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM).
Recibo la llamada telefónica de un ciudadano quien me informa: “El secretario general no me permite ingresar a la sesión de concejo municipal, aduciendo que es sesión virtual”. Le comunico que las sesiones de concejo municipal, sean presenciales o virtuales, son públicas, y es deber de toda municipalidad garantizar la condición de públicas de las referidas sesiones de concejo municipal y, por consiguiente, crear las condiciones para la asistencia de los vecinos a las sesiones. Le aconsejé denunciar tal hecho como delito de abuso de autoridad ante la comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) del lugar. Así lo hizo; tiene copia certificada de la denuncia y está esperando la actuación de la Fiscalía.
Es una mala costumbre realizar las sesiones de concejo municipal en la oficina de Alcaldía; ahí no hay espacio para el público, siendo ello una limitación punible a la participación ciudadana, a la transparencia pública y una violación al artículo 13 de la LOM. En toda sede institucional edil, por más modesta que sea, siempre hay un recinto conocido como Salón Consistorial para los actos protocolares de aniversarios y similares, pudiendo desarrollarse también las sesiones de concejo municipal, a fin de que el público pueda asistir y, con un mínimo de comodidad, espectar e incluso intervenir. Es más, deben transmitirlas por las redes sociales en tiempo real para información de todo el pueblo.
Reconocemos a la gestión de la Municipalidad Provincial de Arequipa (2003-2006) por construir el Hemiciclo Municipal, con amplio espacio y sillas para los vecinos asistentes; a la Municipalidad Distrital de Bella Unión (2019-2022), en donde al público concurrente se le daba refrigerio al igual que a los miembros del concejo municipal. Y llamada de atención a la Municipalidad Provincial de Caravelí por obstruir la asistencia del ciudadano a la sesión de concejo, y a la Municipalidad Distrital de Islay por suprimir la transmisión de sus sesiones, en circunstancias en que una regidora empezó a fiscalizar la gestión del alcalde y funcionarios.
