POR: IVONNE MENDOZA QUISPE
No escribo para atacar a nadie. Escribo porque, si no lo contamos, nada va a cambiar.
Hace poco presenté una solicitud en la mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para pedir una entrevista con un funcionario sobre un tema de Moquegua que es de interés público. Pensé que sería fácil. Me equivoqué.
A la semana fui a hacer seguimiento y el funcionario que me atendió me aseguró que en ese mismo momento derivaba mi solicitud a otra institución. Le pregunté por qué, si mi pedido no tenía relación con ella, y me respondió que “tenía que pasar por ahí” y que, si quería saber más, fuera yo misma a preguntar.
Dos días después, en mesa de partes, me dijeron que el documento recién se había enviado ese día: lo que me habían asegurado no era cierto. Esa institución lo devolvió por no ser de su competencia y, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la persona que lo recibió intentó ayudarme y lo regresó ese mismo día a la oficina que lo había derivado mal, donde volvió a quedarse quieto varios días. Me respondieron cuando ya habían pasado más de treinta días hábiles, el máximo que la ley permite para un procedimiento administrativo (Decreto Supremo N.° 006-2026-JUS).
LO QUE VIVÍ TIENE NOMBRE
Los especialistas lo llaman derivación errónea, pérdida de trazabilidad y dilación indebida. El resultado es la vulneración del derecho de petición: la Constitución Política del Perú (1993, art. 2, inc. 20) obliga a la autoridad a responder por escrito y dentro del plazo legal. Además, si una oficina no es competente, debe enviar el expediente al órgano que sí lo es y avisar al ciudadano (Decreto Supremo N.° 006-2026-JUS, art. 93). Nada de eso ocurrió.
La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972, 2003, art. I) define a los gobiernos locales como canales inmediatos de participación vecinal. Atender una solicitud no es un favor: es su razón de ser. Entonces, ¿por qué el ciudadano debe pagar el precio de una municipalidad atrapada en el papel, en sistemas ineficientes y en la apatía de una parte de su personal? El protocolo existe para proteger al ciudadano, no para justificar la demora.
NO ES SOLO MOQUEGUA
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2025), dos de cada tres peruanos (66,3 %) califican como mala o muy mala la gestión de su municipalidad, y en todos los departamentos la desaprobación supera a la aprobación. Moquegua está entre las regiones mejor ubicadas, y aun así la mitad de su población (50,3 %) la desaprueba.
Las quejas confirman lo mismo en el sur: en 2024, las municipalidades fueron las entidades más quejadas ante la Defensoría del Pueblo en Arequipa (553 quejas; Defensoría del Pueblo, 2025); en Tacna, la Defensoría advirtió que las entidades “no contestan dentro del plazo del procedimiento” (Exitosa Noticias, 2026), y en Ilo se reportaron quejas por falta de respuesta de la municipalidad provincial (Prensa Regional, 2026). A nivel nacional, el 39,8 % de los pedidos de información no atendidos en 2025 fue por falta de coordinación entre oficinas (El Peruano, 2026): el mismo problema que me tocó vivir.
JUSTOS POR PECADORES
En la municipalidad hay servidores que sí trabajan como se debe, como la persona de Planeamiento y Presupuesto que intentó ayudarme. Pero cuando el sistema falla y nadie asume la responsabilidad, pagan justos por pecadores. Los adultos ya lo han normalizado: “así es el Estado”.
Los jóvenes todavía creemos en el cambio, y el cambio no empieza cuando las instituciones deciden mejorar, sino cuando los ciudadanos dejan de estar callados. Propongo cosas simples: que mesa de partes identifique bien a qué oficina corresponde cada pedido, que cada etapa tenga un responsable con nombre y que se avise cada vez que un documento se deriva. Detrás de cada expediente hay una persona esperando. Mi tiempo, y el de cada vecino, también vale.
