El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la multa de 2,48 unidades impositivas tributarias (UIT) impuesta a Demetrio Abad Pari Aguilar, candidato a consejero regional de Moquegua por el Partido Popular Cristiano (PPC), al determinar que omitió información sobre participaciones empresariales en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV), presentada para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.º 4404-2026-JNE, del 23 de octubre, publicada este domingo 8 de noviembre en el diario oficial El Peruano, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la sanción del Jurado Electoral Especial (JEE) de Mariscal Nieto.
PARTICIPACIONES NO DECLARADAS
Según la resolución, el candidato consignó que no tenía información que declarar en el apartado referido a titularidad de acciones y participaciones sociales. Sin embargo, la fiscalización electoral identificó que mantenía 500 participaciones sociales, con un valor nominal total de S/ 500, en la empresa D & J Servicios Generales S.R.L., inscrita en la Oficina Registral de Ilo.
Esta omisión fue considerada una infracción al numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley N.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas, que contempla sanciones económicas por información falsa en las declaraciones juradas de los candidatos.
El JEE de Mariscal Nieto impuso la multa mediante Resolución N.º 02923-2026-JEE-MNIE/JNE, del 9 de octubre, y dispuso la anotación marginal correspondiente en la hoja de vida del candidato.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
En su apelación, Pari Aguilar sostuvo que la empresa había sido dada de baja ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) el 28 de abril de 2006, razón por la cual consideró que no tenía información patrimonial que declarar. También cuestionó las notificaciones del procedimiento sancionador, alegó vulneración de su derecho de defensa y señaló que la resolución había sido emitida fuera del plazo reglamentario. El JNE reconoció que el JEE excedió el plazo previsto para emitir su pronunciamiento, pero consideró que esta circunstancia no justificaba, por sí sola, anular la sanción.
Respecto de la empresa, concluyó que la baja del RUC no extingue automáticamente la titularidad de las participaciones sociales ni elimina la obligación de declararlas.
DOS MAGISTRADOS PROPUSIERON REDUCIR LA MULTA
La resolución fue aprobada por mayoría, con votos discrepantes de los magistrados Martha Elizabeth Maisch Molina y Gunther Hernán Gonzales Barrón. Ambos coincidieron en que existió una infracción, pero cuestionaron la proporcionalidad de la sanción económica considerando el reducido valor de las participaciones omitidas.
Maisch Molina propuso reducir la multa a 1,25 UIT, mientras que Gonzales Barrón planteó establecerla en 1 UIT, al considerar que la omisión tenía una incidencia limitada en la información disponible para los electores. No obstante, prevaleció la decisión mayoritaria de mantener las 2,48 UIT, calculadas conforme a los criterios de graduación aplicables al cargo de consejero regional y a la circunscripción electoral.
Finalmente, el JNE confirmó la anotación marginal en la hoja de vida y la remisión de los actuados al Ministerio Público, para que proceda conforme a sus atribuciones. Esta remisión no constituye una declaración de responsabilidad penal.
