POR: LIC. ADM. DAVID DIEGO OVIEDO TURPO
Hay una cifra que debería incomodarnos más de lo que lo hace: el 99 % de los bodegueros del país ha sido víctima de extorsión. No es un dato aislado ni una anécdota de barrio. Es la fotografía de un modelo de negocio —el de la Mype, el del emprendedor que abre su cortina cada mañana— que hoy convive con el miedo como parte de su estructura de costos.
Durante años discutimos la seguridad ciudadana como un tema exclusivamente policial, casi ajeno a la conversación empresarial. Ese error de enfoque ya no es sostenible.
Cuando un bodeguero destina hasta S/ 7 mil mensuales a cámaras, rejas y “cupos”; cuando una empresa de transporte pierde unidades y trabajadores por el sicariato; y cuando casi la mitad de los peruanos conoce un negocio que cerró por miedo al crimen, la inseguridad dejó de ser un problema social periférico: es una variable que influye directamente en la rentabilidad, la inversión y la generación de empleo.
Lo más preocupante no es solo la cifra, sino la lógica perversa que empieza a instalarse. Las grandes corporaciones pueden absorber el costo de la seguridad privada, blindar sus locales y tercerizar el riesgo. Las mypes no.
Son, como recuerdan los especialistas, negocios autoadministrados, donde el propietario es también el cajero, el vendedor y, muchas veces, el único responsable frente al extorsionador que toca la puerta. Ahí, la inseguridad no solo golpea el bolsillo: golpea la salud mental de miles de emprendedores que hoy trabajan con la ansiedad como socia silenciosa.
El efecto no se detiene en el negocio individual. Cada cierre, cada mudanza forzada y cada decisión de “mejor no arriesgarse” representan, en el conjunto de la economía, una oportunidad perdida: menos empleo formal, menos inversión y menos confianza para quien evalúa emprender.
El propio Banco Central y los gremios empresariales lo vienen advirtiendo: el ruido de la inseguridad ya compite con la inflación como una de las principales preocupaciones de quienes hacen empresa en el Perú. No es un tema menor cuando se debate en qué invertir el próximo presupuesto público.
La discusión, entonces, no puede seguir separando la agenda de seguridad de la agenda económica, como si fueran carriles distintos. Combatir la extorsión y el crimen organizado no es solo una tarea de las comisarías: es una condición para que la economía peruana crezca de manera sostenida y para que el emprendimiento, tan celebrado en los discursos oficiales, tenga un terreno mínimamente seguro donde florecer.
El Perú no necesita otro plan con un nombre atractivo y resultados invisibles. Necesita entender, de una vez, que proteger al bodeguero de la esquina también es una política de desarrollo económico. Mientras eso no ocurra, seguiremos hablando del crecimiento del PBI mientras miles de negocios, uno por uno, bajan la cortina por última vez.
