POR: ÁNGEL A. ROJAS ROSALES
La reciente emergencia suscitada en la capital de la república, Lima, como consecuencia de que Sedapal ha dispuesto el corte de agua por 4 días, ha traído como consecuencia que se pongan sobre el tapete, múltiples alternativas de solución, entre ellas el de la privatización de dicho servicio público esencial.
Datos estadísticos brindados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) como resultado de la Encuesta Nacional de Hogares realizada en el 2018, en donde se señala que, en Lima, el abastecimiento del líquido elemento dura 21 horas en promedio al día, y en cuanto al abastecimiento de agua vía camiones cisterna, 12 de cada 100 hogares todavía utilizan esta modalidad, algo impensado en una urbe de casi 12 millones de personas.
Para el INEI, Moquegua ocupa el séptimo lugar en lo que respecta a la población que cuenta con agua las 24 horas del día, es el 66.7 % de personas que acceden a este servicio.
Asimismo, el Estudio Jurídico Roselló, especializado en temas de infraestructura pública emitió un diagnóstico general sobre la problemática de las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS), en donde concluye que, de las 49 EPS a nivel nacional, ninguna de estas entidades alcanza el calificativo de buen desempeño, por el contrario, 9 de ellas alcanzaron un nivel regular, 12 alcanzan el nivel de bajo desempeño, mientras que 28 no superan el nivel de muy bajo desempeño.
Ahora bien, el problema no es tan sencillo como privatizar y punto, ya que adoptar este tipo de soluciones, implicaría necesariamente la adopción de políticas públicas, las cuales debería transcurrir en consonancia con el incentivo a la inversión privada, decisión política que bajo ningún punto de vista implicaría la eliminación de la participación del Estado, por el contrario, su rol tuitivo solo se modificaría, en el entendido de que necesariamente el Estado tiene que tener un ente regulador autónomo y técnico, tipo Banco Central de Reserva del Perú.
En conclusión, la solución racional al álgido problema del agua, sería la privatización del servicio, pero con la presencia del Estado, vía un ente regulador, con autonomía. En cumplimiento de la Constitución Política del Perú, en este caso, el derecho al agua, consagrado en el artículo 7-A de la norma constitucional, el cual establece el reconocimiento que el Estado hace a toda persona en lo que concierne al derecho de acceder de forma progresiva y universal al agua potable, priorizando el consumo humano sobre otros usos.