El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Ilo, bajo la dirección del juez Raúl Emiliano Jalixto Sucapuca, llevó a cabo la audiencia de juicio oral en el proceso contra Adela Rodríguez Flores por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, en perjuicio de Walter Enrique Vilca Vilca, la Municipalidad Distrital de El Algarrobal y la Procuraduría General del Estado.
La sentencia declara a Adela Rodríguez Flores como autora de los delitos de usurpación de función pública, conforme al artículo 361 del Código Penal, en perjuicio del Estado representado por el Procurador General del Estado, y abuso de autoridad, según el artículo 376 del Código Penal, en perjuicio del Estado representado por la Municipalidad Distrital de El Algarrobal y de Walter Enrique Vilca Vilca, por lo que se le impone una pena privativa de la libertad de 3 años, 8 meses y 18 días, suspendida.
Asimismo, la sentencia establece que Adela Rodríguez Flores deberá cumplir reglas de conducta, incluyendo la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización del Juzgado de Ejecución, la comparecencia personal cada sesenta días para informar y justificar sus actividades, y la prohibición de cometer nuevos delitos. Además, se le ordena reparar los daños ocasionados por el delito, incluyendo el pago íntegro de la reparación civil en el plazo y monto indicado.
De igual modo, se impone a Adela Rodríguez Flores una pena de inhabilitación para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por un año. Asimismo, el pago de reparación civil a favor de los agraviados. Los pagos iniciarán el 3 de mayo de 2024.
ANTECEDENTE
Se atribuye a Adela Rodríguez Flores haber usurpado funciones de la Procuraduría General de la República, ya que en circunstancias que se encontraba a cargo de la alcaldía de la municipalidad distrital de El Algarrobal mediante Resolución de Alcaldía N° 240-2022-A-MDEA, emitió la Resolución N° 245- 2022-MDEA dando por concluida la designación del Abog. Walther Enrique Vilca Vilca, en el cargo de procurador público de la entidad edil, pese a no tener la facultad de cesar al procurador publico municipal, puesto que mediante Ley 31433 vigente desde el 6 de marzo de 2022 los procuradores públicos ya no pueden ser nombrados ni cesados por las autoridades locales o regionales, facultades que solo le compete a la Procuraduría General del Estado.