POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
En enero de este año, cuatro ciudadanos haitianos fueron encontrados muertos en una vivienda del distrito de Desaguadero (Puno), todos habrían fallecido por “sepsis de foco pulmonar e hipoglucemia por inanición”, neumonía y hambre; ese mismo mes, un ómnibus que partió de Piura con destino a Tumbes y luego Ecuador, cayó a un abismo, muriendo veinticinco ciudadanos haitianos, en la cotidianidad de los sucesos, que construyen normalidad, la indiferencia e indolencia se manifiestan.
El panorama de estos días, nos escribe una incierta situación, Chile al haber ajustado sus normas y políticas migratorias -agregando la militarización de sus fronteras-ha forzado que grupos de migrantes abandonen su territorio a través del paso natural-por allí ingresaron- por el norte, que es la frontera con Perú, y nuestras autoridades, en una decisión reactiva, agravó los controles, quedándose en medio de ambos frentes un considerable número de personas de distintas nacionalidades y condiciones. Añadido a esto, el gobierno peruano decretó el estado de emergencia por sesenta días, con el apoyo del Ejército a la Policía Nacional, lo que ha despertado una legítima preocupación en la comunidad internacional, particularmente en dos organismos internacionales la Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). En nuestro país son cerca de 1,6 millones de refugiados y migrantes de Venezuela, de los que el 75% vive en Lima, ya están presentes en 17 de nuestras regiones.
Es necesario compartir dos hechos recientes, la Cumbre internacional sobre Venezuela organizada por el presidente Gustavo Petro, que implica una renovada expectativa para zanjar su crónico desencuentro y las declaraciones del Canciller de Venezuela Iván Gil, quien pide facilidades “para que los aviones de la aerolínea estatal Conviasa puedan aterrizar y despegar en la zona, así como abastecer combustible en un eventual operativo de nuestro Plan Vuelta a la Patria, que nos permita regresar sanos y seguros a nuestros compatriotas”.
Si bien estos hechos tiene incidencias y muy graves en las regiones de nuestro país, cuyas autoridades vienen asumiendo decisiones que escapan a sus competencias, la respuesta tiene que darse en una dimensión mayor, desde el propio gobierno central, estableciendo lineamientos políticos y estrategias apropiadas, asumir liderazgo, no pueden agotarse las decisiones buscando culpas ajenas o en el estado de emergencia dispuesto, que si bien refuerza la imposición de autoridad, pero el contexto es diferente y existe la necesidad de articular entendimientos con los estados que tienen directa vinculación, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela incluso Bolivia, quizás la circunstancia de que la presidente Dina Boluarte vaya colocando al límite nuestras relaciones internacionales, merme nuestra capacidad de acción, deberán sobreponerse apelando a aliados si es que los tiene, ubicando el conflicto en su escenario real, es un problema internacional.
Un corredor humanitario, se propone como la alternativa más ponderada, con apoyo internacional, marco legal habilitante, garantía del respeto a los derechos humanos que en ningún caso deben entenderse como restringidos, y responsabilidad de la contraparte que son los propios solicitantes para someterse a los acuerdos logrados.
Manteníamos cierto silencio, por el incremento de la criminalidad en nuestro país y en que se encuentran incursos ciudadanos venezolanos, lo que de ninguna manera debe generalizarse; sin embargo, los hechos de estos últimos días han despertado una xenofobia escondida, porque los adjetivos descalificativos se dan por doquier, lo que es un exceso, y rompe con ese espíritu solidario y humanitario que es nuestra particularidad.
Claro que tenemos derecho a la paz y tranquilidad, no vivir en la zozobra que siembra la violencia y delincuencia, lo que debe exigirse es un actuar más efectivo y oportuno de nuestro sistema de justicia, lo que evidencia nuestras debilidades estructurales. Reducir nuestros problemas de seguridad a la migración, es soslayar nuestras propias responsabilidades como sociedad y Estado; lo que tampoco debe leerse como indulgencia con los numerosos actos criminales de extranjeros, todo el peso de la ley para ellos, sin contemplaciones, pero sin generalizaciones.
Son cerca de 3 millones de peruanos, casi el 10% que están fuera del país, salieron en la búsqueda de un mejor futuro, de labrarse un crecimiento personal, humano, que quizás nuestro país no les brindará, y claro que también entre ellos hay ciudadanos de mal vivir, pero de ninguna manera generalizamos; y muchos de ellos con sus “remesas” ayudan a solventar a sus familias y si bien añoran a su país, la oportunidad de laborar los anima a continuar en ese mundo ajeno y hasta distante, pero que le propone una oportunidad.