POR: DR. JULIO CESAR LUJAN MINAYA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado el libro «Personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela», que aborda el prolongado deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela. Este deterioro ha sido objeto de seguimiento por la CIDH durante varios años, evidenciando una crisis institucional profunda en el país, atribuida a la interferencia del Poder Ejecutivo en otros poderes del Estado. A través de sus informes anuales desde 2017 hasta 2021, la CIDH ha destacado violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, un uso abusivo del poder gubernamental, y la presencia de problemas estructurales que afectan seriamente los derechos fundamentales establecidos en la Declaración Americana y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
El libro resalta que la erosión de la democracia y las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela han provocado un éxodo masivo y sin precedentes en la región, tanto en magnitud como en duración. Desde 2015 hasta la fecha del informe, más de 7 millones de personas han abandonado Venezuela, y de ellas, aproximadamente 5.96 millones se han desplazado a países de América Latina y el Caribe. Este movimiento migratorio es uno de los mayores del mundo, comparable solo con el flujo migratorio de Siria. Los principales países de acogida de migrantes venezolanos son Colombia, con 2.5 millones; Perú, con 1.5 millones; Estados Unidos, con 545,000; Ecuador, con 502,200; y Chile, con 448,000.
La CIDH enfatiza que el desplazamiento forzado de venezolanos está estrechamente vinculado a la instauración de un régimen autocrático en el país. La falta de Estado de Derecho en Venezuela ha llevado a que las instituciones estatales, en lugar de promover y proteger los derechos humanos, funcionen para asegurar la permanencia en el poder del partido gobernante. Esta cooptación del poder público por el Poder Ejecutivo se ha visto facilitada por la ausencia de independencia judicial. Aunque se documentan injerencias en el Poder Judicial desde 1999, los eventos ocurridos a finales de 2014 y principios de 2015 marcaron un punto de inflexión, comprometiendo gravemente la independencia judicial. A partir de estos años, se ha observado un rápido deterioro de la situación de derechos humanos en el país, acompañado por un desplazamiento forzado de personas en la región sin precedentes en la historia.