POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Antes de la pandemia del Covid-19, recabar una cita para una atención médica tanto en el MINSA como en ESSALUD, implicaba una larga y paciente espera, aunque con reparos ante la insensibilidad de la administración de salud, lo asumíamos con cierta indulgencia, y hoy, sin haber aprendido la lección, no obstante, colocada en las prioridades el servicio de salud, volvemos a lo mismo, largas colas, largas esperas, mendigando atenciones urgentes, trasnochando por una oportunidad de vida.
Las circunstancias de entonces, dejaron pasar por alto, lo que ya era una evidencia, la crisis del sistema de justicia, que permitió compartir con la opinión pública casos de extrema injusticia, arbitrariedad y abuso de autoridad por doquier, que en un mínimo de responsabilidad debemos retomarlo, al ahondar nuestra crisis democrática.
Hace poco la suspendida Fiscal de la Nación Patricia Benavides, fue notificada de la improcedencia de su pedido de adelanto de la audiencia única, respecto a la demanda de amparo interpuesta contra la decisión de la Junta Nacional de Justicia que dispuso su suspensión por seis meses; dicha audiencia está programada para el 6 de marzo, argumentando el juez constitucional que se debe considerar “el orden de ingreso de los expedientes y la agenda de audiencias de su despacho”, lo que evidencia el cúmulo de expedientes pendientes de resolverse, aun tratándose de un proceso de urgencia, como lo son los de amparo. Dejando abierta la pregunta, a quienes tienen causas pendientes ante nuestra administración de justicia, ¿para cuándo fijaron sus audiencias? dando por descontada la respuesta unánime, luego de meses; y seguro que la contestación desde el fuero judicial, también será la misma, sobrecarga procesal.
Acaba de publicarse la Resolución Administrativa No. 000001-2024-P-PJ, en la que se estable la conformación de las Salas Supremas para el presente año judicial, tres salas permanentes(civil, penal, constitucional y social) y siete salas transitorias, el grueso descansa en estas últimas, apelándose a “que aún queda considerable número de expedientes pendientes de resolver en los mencionados órganos jurisdiccionales”, lo que nos permite encontrarnos con una transitoriedad que se está ordinarizando, dado a que año tras año se mantienen estas salas excepcionales, o bien se viene incrementando las causas judiciales o bien estamos carentes de una reingeniería en nuestra justicia o ambas, que permitan optimizar su atención, “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.
Esto también nos lleva a otro escenario, la necesidad de más jueces supremos, de 58 jueces supremos, el 60 % son provisionales, y algo que pareciera una ironía, pero está recogido de manera expresa en su Ley Orgánica, “el presidente de la Corte Suprema es elegido entre los Vocales Supremos Titulares reunidos en Sala Plena”, es decir, por un limitado número de jueces. Es imprescindible, superar esta transitoriedad porque no permite darle mayor institucionalidad a nuestra justicia, debiendo asumir un mayor celo y compromiso las propias instancias judiciales, dejando de escudarse en las limitaciones presupuestales, descargando culpas en otros poderes. No es ajeno a esto último, que a sabiendas de los problemas estructurales de nuestra administración de justicia, el Poder Judicial presente un proyecto de ley para crear un “Régimen de Pensiones Especial para los Magistrados del Poder Judicial (REJUM), sin poner en tela de juicio su legitimidad, pudiéndose impulsar iniciativas legales que aborden problemas mayores, la sobrecarga procesal, la digitalización de la justicia, la optimización de los procesos judiciales, la publicidad y urgencia en la atención de los procesos, la desconfianza en general que se percibe desde la ciudadanía hacia su administración de justicia. Es clara, la desconexión de nuestra burocracia judicial con los anhelos de justicia de los ciudadanos; nuestro poder judicial prefiere hacerse parte del problema más no asumir el protagonismo de colocarse en la vereda de las soluciones.
La iniciativa presentada y retirada por el congresista Roberto Chiabra, para modificar la Constitución y someter a jueces y fiscales supremos bajo el control del Congreso, ha despertado de su letargo al Poder Ejecutivo, actuando reactivamente, quien ha encontrado una oportunidad -y en buena hora-para convocar al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Dicho Consejo se crea mediante ley 30942, asumiendo una problemática integral, colocándose en una perspectiva trasversal, por ello su amplia conformación y la precisión de sus finalidades: impulsar la reforma del sistema de justicia mediante la formulación de los criterios para la elaboración de la política nacional y la coordinación para la ejecución de las políticas a cargo de las entidades integrantes del sistema de justicia. Sin embargo, las vicisitudes políticas y especialmente la falta de disposición política, una vez más, relegaron este ambicioso encargo, pese a los esfuerzos que los cuadros técnicos desde distintos sectores trabajaban.
En ese contexto, se han anotado de distintos frentes, cada quien con sus “verdades absolutas”, observando el proceso de elección de los jueces y fiscales supremos, objetando que sea una instancia independiente y especializada quien se encargue de nombrarlos, de paso echando por tierra al Consejo Nacional de la Magistratura y a la hoy Junta Nacional de Justicia, escarbando en los anaqueles de nuestra historia el otrora Consejo Nacional de Justicia velasquista, para finalmente resucitar la Constitución de 1933, y reponer la elección de los más altos magistrados por el Parlamento. Girar la mirada hacia atrás es encontrarnos con una justicia elitista, inalcanzable para el común de los ciudadanos; con una enmascarada politización, que sólo respondía a los dueños del Perú, como diría Carlos Malpica. Si algo bueno encontramos de esta discusión pública, es que a la administración de justicia se la coloca en el candelero, que nos permite interiorizarnos con su cruda realidad y problemática, a la que debe sumarme la ciudadanía, para que una vez más no se naufrague en coyunturas y oportunismos.
Colocar al Congreso, como actor decisorio en la elección de las autoridades judiciales, es como colocar plátanos al mono para que los cuide, sabiendo de su irresponsable actuar, pisoteando toda autonomía, y nulo apego al respeto de la separación de poderes. Y ahora se plantea la moción 9648, que, si bien fue rechazada ante el pleno del Congreso, está pendiente una reconsideración, sobre cuya decisión la respuesta es imprevisible, se pretende aprobar la conformación de una Comisión de Alto Nivel Multipartidaria encargada de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia en el Perú en un plazo máximo de 45 días hábiles.
Es imprescindible abordar con seriedad y desde una visión país, la reforma integral de nuestro sistema de justicia, estamos llegando a limites inimaginables, creándose compartimientos estancos, mal utilizando las competencias para perseguir objetores, resquebrajando su incipiente institucionalidad y profundizando la desconfianza ciudadana, cuando precisamente necesitamos revertirla y aquí nuestra justicia asume una función fundamental en nuestros engranajes democráticos. De esta responsabilidad no puede excluirse a la ciudadanía, quienes no solo actuarán como veedores, son también quienes finalmente padecen las correctas o incorrectas decisiones de nuestra justicia, asumirán la necesaria legitimidad que este tipo de procesos requieren.