El emblemático caso Lava Jato cambia de giro. El Segundo Despacho del Equipo Especial ha decidido incluir a Jorge Henrique Simoes Barata en la investigación preparatoria del controvertido proyecto Gasoducto Sur Peruano.

La fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Barata, basándose en la acusación de colusión agravada en perjuicio del Estado. El despacho de Mori emitió un pronunciamiento el pasado 8 de julio, detallando la situación jurídica del exsuperintendente de Odebrecht en Perú y señalándolo como cómplice en los actos ilícitos relacionados con el Gasoducto Sur Peruano.

Esta resolución fiscal se produce en un contexto de tensión, después de que el Poder Judicial revocara el acuerdo de colaboración eficaz de Barata a solicitud del Ministerio Público. La revocación se debió al incumplimiento de Barata en ofrecer su testimonio en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala.

La semana pasada, la jueza Margarita Salcedo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, respondiendo a una denuncia del fiscal José Domingo Pérez Gómez, ordenó que se acuse formalmente a Jorge Barata. En su resolución, Salcedo delineó las circunstancias y la forma en que se habría cometido el delito, así como el grado de responsabilidad que le corresponde a Barata.

Según la tesis del Ministerio Público, Barata habría favorecido a Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano y en la devolución de la carta fianza del proyecto Gasoducto Andino del Sur. Sin embargo, en su declaración vía cooperación judicial, Barata no reconoció los hechos investigados y se apartó de los aspectos detallados en el marco de su colaboración eficaz.

Para complicar aún más la situación, el pasado 24 de mayo se concluyó con la actuación de prueba anticipada del testigo José Alejandro Graña Miro Quesada, quien incriminó directamente a Barata en los mencionados proyectos. [Con información de RPP]