POR: JULIO FAILOC RIVAS
La democracia y la lucha contra la corrupción están en riesgo, en cuidados intensivos a punto de ser desactivada –por este gobierno– si no hacemos nada. Cuando hablamos de este gobierno no nos referimos solo al ejecutivo, sino también al legislativo quien es el ejecutor directo de todas las iniciativas legislativas dirigidas a acabar con la democracia y los corruptos con el aval y la anuencia de la presidenta Boluarte y el premier Otárola.
Esta democracia ya no es democracia, reza la canción que cada día se convierte en el himno de un pueblo avasallado que observa atónito como progresivamente hieren de muerte nuestra democracia. Este Congreso del blindaje, de la impunidad y la corrupción empezó copando el Tribunal Constitucional que les permita asegurar la impunidad en última instancia, luego capturó la Defensoría del Pueblo a fin de asegurar el control de la Junta Nacional de Justicia que les garantice jueces y fiscales adeptos a sus causas, para finalmente secuestrar los organismos electorales y ponerlos al servicio de la reelección indefinida de los actuales congresistas. Todo ello, con la anuencia de la mayoría congresal de los fujicerronistas y de sus aliados en todas las bancadas, principalmente de AP, APP, Podemos y Somos Perú.
Y como para colocar la cereza al pastel el Congreso aprobó la ley que promueve la impunidad y el ejecutivo la acaba de promulgar la norma sin observarla, favoreciendo a los “cuellos blancos y a todos los que están implicados en actos de corrupción como excongresistas, exministros, los “hermanitos”, entre otros. La norma señala en el artículo 84, en su segundo párrafo: “La suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso dicha suspensión será mayor a un año”
Para ponerla en sencillo, la ley reduce a solo un año la suspensión de la prescripción de los delitos, cuando antes el poder judicial determinaba que ésta podía dudar más de la mitad de la pena del delito atribuido. Con la demora de los procesos judiciales todos los casos de corrupción prescribirían con tan solo alargarlos más de un año.
Este Congreso –incluido el poder Ejecutivo que controla– irresponsable e ilegítimos que tiene una aprobación cercana a cero por ciento en el sur del Perú, les interesa muy poco lo que piense la población dado que tiene el propósito de prolongar su estancia en el poder más allá del 2026, razón por la cual necesita tener el control de todas las instituciones que le garanticen blindaje, impunidad y reelección congresal, de allí que cada paso que dan van en un sola dirección: copar el poder, así tengan que acabar la democracia.
Si la respuesta ciudadana no se materializa en la construcción de un frente patriótico por la democracia que junte todas las voluntades de las organizaciones políticas democráticas, frentes regionales, organizaciones gremiales y empresariales, universidades y colectivos ciudadanos para defender la democracia que está en cuidados intensivos, será demasiado tarde por que la habrán herido de muerte. Estamos advertidos.