POR: CÉSAR CARO JIMÉNEZ
Es triste, pero inevitable decirlo: ¡hoy en día carecemos, salvo una que otra excepción, de líderes e instituciones a nivel nacional, regional, provincial e incluso distrital! Y lo que es peor, no reconocen sus limitaciones, aparte de esbozar propuestas que no resisten el más mínimo análisis técnico económico o que intentan disfrazar los intereses y objetivos de determinados grupos económicos que en estos días, subliminalmente, a través de una intensa campaña publicitaria intentan dirigir el voto a determinados candidatos autócratas y de extrema derecha, tratando de que el actual modelo económico continúe tal como está, sin que sufra variación o modificación alguna.
Por ello, en esta ocasión me permito analizar algunos de los planteamientos y noticias que barajan o resaltan. El primero de ellos se refiere a la “necesidad de impulsar diversos proyectos mineros, en el afán de contar con mayores recursos económicos y superar en producción a Chile”, con énfasis sobre todo en Tía María, proyecto en el que hasta la fecha no aclaran si aparte de los óxidos explotarían más adelante los sulfuros de cobre y el posible impacto ecológico de los mismos. (Y no me vengan a decir que no los han considerado, porque sería ir conta la esencia del capitalismo: ¡lograr el máximo de ganancias!)
Y la otra noticia se refiere a que Anglo American piensa invertir este año cerca de US$1,400 millones, los que se sumarian a los US$3,166 millones que ha invertido desde julio de 2018, a la fecha.
Otro aspecto importante se refiere a que incorporarán inicialmente 27 camiones autónomos, además de palas eléctricas y otros equipamientos que, si bien es cierto que representan una mejora tecnológica en el sector, aparte de contribuir a mejorar costos y productividad también, lamentablemente a disminuir puestos de trabajo.
Y a todo esto, cabe preguntar: ¿tienen la más mínima idea nuestras autoridades de lo que está en juego en este año, aparte de la pandemia que, dicho sea de paso –y cabe felicitarlos por ello–, no ha afectado mayormente a la Southern Copper Corporation, que incluso ha incrementado el año 2020 su producción y ganancias respecto al año inmediato anterior?
Tengo la absoluta y triste seguridad que no. Y ello, más que por sus limitaciones intelectuales por su incapacidad y soberbia absoluta que les impide asesorarse adecuadamente. Y para ejemplo un botón, que creo que podríamos imitar en el ámbito regional, considerando el impacto de la minería: Chile, país al que siempre miramos de reojo, con a veces envidia mal disimulada, desde hace años, aparte de ser propietario de la mayor empresa minera del mundo, CODELCO, cuenta con varias entidades que continuamente están monitoreando e investigando todo lo relacionado al mundo cuprífero, como por ejemplo la Comisión Chilena del Cobre, aparte de los estudios que constantemente efectúan diversas universidades e institutos privados.
Sin embargo, en el caso peruano y particularmente en nuestra región que dependen el mayor o menor grado de los escasos recursos que se obtienen de los impuestos que pagan las empresas mineras, no existe ningún organismo especializado.
Si lo hubiese, por ejemplo, en su momento hubiese alertado respecto al cambio ilícito que se produjo por parte de funcionarios de los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas que dio lugar al denominado “moqueguazo”. (Tendría en sus archivos los contratos de concesión de Toquepala y Cuajone, donde en el segundo de ellos figura la obligación de llevar contabilidades separadas y la forma de calcular la producción de cada yacimiento). Cabe recalcar que hasta el día de hoy ni el gobierno regional ni las municipalidades provinciales cuentan con los mismos.
De existir dicho organismo, hace rato que hubiese estudiado y hecho las recomendaciones del caso para lograr que cuando se produzcan cambios en la propiedad de las empresas mineras, como fue el caso de la SPCC cuando fue adquirida por el Grupo México o cuando el Banco Mundial o Anglo American vendieron un porcentaje de sus acciones a Mitsubishi Corporation, el país y la región se hubiesen beneficiado, más aun, considerando el precio en el cual compraron los yacimientos.
Y cuidado. No soy estatista. Y si bien considero que usualmente, en nuestro país, sobre todo, la administración privada es superior a la estatal, ello no implica que el sector privado deba llevarse la parte de león y dejar las migajas para el Estado y las regiones. ¡Que administren las concesiones, pero en cuanto las utilidades o ganancias topes, deberían tener un tope máximo del 60%! El resto debería ser destinado a mejorar la educación, la salud e incluso a financiar la renta básica universal considerando que el trabajo humano está siendo reemplazado por la denominada inteligencia artificial, –con participación en la decisión del destino final de las ganancias de la gerencia empresarial a fin de evitar en lo posible su mal uso.
¿Justificación? Hay muchas, pero por ahora esbozamos que el porcentaje de lo recaudado vía impuestos es mínimo, más aun si consideramos que los mismos disminuyen dado que vía la denominada “depreciación acelerada”, lo gastado en la compra de equipos como los grandes camiones y palas puede ser deducidos de los impuestos a razón del 20% anual cuando las minas entran en producción, por lo que a la larga y en la práctica el Estado y los peruanos, acaban pagando lo gastado en la preparación de la explotación de los yacimientos. (Continuará)