POR: CESAR CARO JIMÉNEZ
En esta ocasión quiero transcribir gran parte de un artículo de Benjamín Leiva, economista de la Universidad de Chile publicado en la revista “El Trimestre Económico”, en razón a que comparto en gran parte su contenido y enfoque. Espero que quienes se preparan para ser candidatos lo analicen, porque en lo que respecta a las actuales autoridades, poco o nada se puede esperar de casi todas, las cuales destacan por su desinformación, inercia y miedos a la gran empresa:
“El auge del precio del cobre ha despertado un renovado interés en la distribución de la renta que genera su extracción. El contexto de pandemia y estallido social también han influido de manera directa en esto.
La renta del cobre es un excedente puro. No es ni el ingreso ni la ganancia que genera la actividad. Imagínela como la porción de la ganancia que supera lo necesario para recompensar al capital invertido, dado su volumen, riesgo y costo de oportunidad. Por ello, si eliminamos la renta, la operación puede continuar sin problemas hoy y en el futuro. En un ejemplo simplificado, supongamos que una minera tiene ingresos de 100, gastos explícitos (mano de obra y otros insumos) de 50, y gastos implícitos (costo de oportunidad del capital invertido en explorar y explotar ajustado por riesgo) de 30. Esta minera tendría un ingreso de 100, una ganancia de 50 y una renta de 20. Si eliminamos la renta de 20, la minera igual puede seguir cubriendo sus costos explícitos, y, además, sostener el incentivo a invertir capital para mantener la actividad.
Precisamente este carácter excedentario hace de la distribución de la renta un tema muy polémico. Dado que es “lo que sobra”, este “residuo” se puede distribuir de cualquier forma sin afectar la viabilidad de la industria (ni en explotación ni en exploración). Puede ir al Estado para financiar lo que sea (para bien o para mal), puede repartirse entre comunidades locales, puede ir a las empresas que realizan la actividad, o lo que se nos ocurra. La distribución efectiva de la renta dependerá enteramente de las leyes y otras instituciones que tenga un país. Hoy en Chile, esa distribución de la renta es 60% para las empresas y 40% para el Estado.
La distribución de la renta sólo tiene dos dimensiones relevantes: una objetiva sobre cómo se distribuye (que supone tener información), y una subjetiva sobre la justicia de dicha distribución, como bien indicó Rodrigo Valdés en su columna en El Mercurio, “Impuestos a la minería: merecemos más”, necesitamos buena información para tener esta conversación; sólo así podemos crear los consensos sobre la justicia de la asignación actual y proponer los cambios correspondientes.
¿Por qué el Estado se queda con el 40 % y las empresas con el 60 %? Honestamente no lo sé. Este fue un resultado enteramente inesperado del estudio. Una forma preliminar de interpretarlo es que es el producto espontáneo del conjunto de instituciones que gobiernan la relación entre minería privada y Estado en Chile, las que fueron evolucionado con y a veces sin la industria en mente (impuesto de Primera Categoría, impuesto Adicional, impuesto específico, Ley Orgánica Constitucional de Concesiones mineras).
¿Es justo que las mineras privadas se queden con alrededor de un 60 % de la renta del cobre que generan, y de un pago que es íntegramente superior al necesario para justificar una inversión en la actividad? En reconocimiento de que aquí entramos a una dimensión subjetiva, pareciera que no. Quizás en los años 80, cuando se desarrolló la institucionalidad que dio estos resultados, lo era, pero hoy, siendo Chile un país OCDE, de ingresos altos, con amplio acceso a mercados financieros internacionales y con una institucionalidad considerablemente más fuerte, el contexto es distinto.
Pero entonces, ¿qué sería justo? Quizás revertir los porcentajes con un 40 % para las empresas privadas y un 60 % para el Estado sea justo y políticamente realista dado los poderosos intereses mineros. Quizás la coyuntura de estallido social y pandemia permita llegar más allá, con un arreglo de 33.3 % – 66.6 % para empresas y Estado respectivamente, o incluso a un 25 % – 75 %. Al respecto, la experiencia de Noruega con el petróleo es referencial. El detalle es fascinante y Ryggvik (2015) hace una buena revisión. Yo me limitaré a indicar que el impuesto general a las empresas en aquel país es de 22 %, pero que las empresas petroleras tienen una sobretasa de 56 % debido a la rentabilidad extraordinaria de la extracción de recursos petroleros, según indica textual su ministerio de petróleo y energía. Este 78 % de impuesto a las petroleras privadas es sobre la ganancia, no sobre la renta, y junto a una importante empresa pública y una gobernanza ejemplar de la riqueza natural ha permitido a este país de menos de seis millones de habitantes acumular el fondo soberano más grande del mundo.
Es de esperar que cualquier que sea la nueva fórmula se logre de forma democrática y de buena fe por parte de los involucrados. Por el lado del Estado se debieran usar sólo herramientas flexibles para capturar la renta, preocupándose de no socavar la viabilidad de la industria ajustándose a tiempos de vacas gordas y flacas. También, resulta clave que dicha renta se gobierne inclusiva y responsablemente, protegiendo a las instituciones de la corrupción, la democracia del clientelismo, y la economía de la enfermedad holandesa (consecuencias negativas que sufre una economía cuando experimenta un aumento significativo de sus ingresos en divisas). Por parte de la industria se debiera entrar propositiva y sinceramente a la conversación, evitando argumentos engañosos y aceptando que algunos arreglos del pasado ya no son viables en el presente. Estamos en el momento preciso para tener esta conversación.