POR: MG. GLORIA IVONY MAYNAS ESPÍRITU (ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO – LICITACIONES) [CELULAR 952956134]
Gran parte del silencio administrativo en las solicitudes de ampliaciones de plazo lo vemos en los gobiernos locales y regionales, y no precisamente por falta de personal con conocimiento en contrataciones públicas, sino por varios factores.
Para empezar hay proveedores que se creen moscas y que se la conocen todas, incluso de cuánto tiempo tarda la secretaria de trámite documentario en hacer su despacho, luego tramitar dicha solicitud a la Gerencia u oficina de administración hasta entonces se habría tomado más de dos días hábiles, y luego es dirigido a la oficina de Logística y este con su carga laboral se demora un par de días más, para luego concluir que el área usuaria debería de emitir opinión previa al pronunciamiento expreso de la Entidad, todo este camino ya se conoce el contratista. Claro, este camino no se da en todas las instituciones públicas. Imagínense si se diera en todas. De qué forma estaríamos promoviendo la gestión eficiente y por resultados.
Ah decir verdad, pocas Entidades Públicas invierten en la capacitación del personal involucrado en el trámite de las solicitudes de ampliaciones de plazo, además no solo en estos casos, cuyo descuido o falta de pronunciamiento dentro del plazo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados, obviamente como consecuencia este generaría responsabilidades administrativas, civiles y hasta penal para los funcionarios involucrados que conllevaron a esta situación de perjuicio económico. Ahora, tomaré en cuenta lo citado por el Bach.
Francisco Liñán, de su tesis, denominado: “Efectos de las ampliaciones de plazo en las obras publicas”, al referirse que la demora no solo perjudica económicamente a la Entidad, sino que este va más allá, ya que tiene efectos sociales y que muchas atenciones en salud, educación, saneamiento básico, vías de comunicación no entran en operación porque no han sido culminadas, o porque tiene que pasar un tiempo adicional para que recién sirva a la población, pero esta postergación o demora tiene costos, tales como las enfermedades que no se trata a tiempo, anemia, desnutrición que no se combate, educación que no es adecuada, transporte que es dificultoso, etc.
El problema quizás radica en la falta de voluntad de cada servidor o funcionario público involucrado en el bienestar de la población. Esa falta de voluntad o vocación al servicio es la que no se educa. Ojalá esto mejore.