POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
28 de julio del 2001. Luego de un transparente proceso de transición política liderado por Valentín Paniagua, asumía la presidencia del Perú Alejandro Toledo; diez años de autoritarismo fujimorista, corrupción, vulneración de derechos y libertades, destrucción de instituciones, sembraron un natural rechazado ciudadano que permitieron encumbrar en la primera magistratura de nuestro país a un autodefinido presidente de origen indio y representante de los más humildes.
En su primer mensaje oficial al país, rodeado de la atención y esperanza de miles de peruanos, expresaba: “Seré un presidente implacable a la hora de luchar contra la corrupción, que envenena el alma de nuestro país, genera desempleo y delincuencia. Saludo y felicito a todos aquellos jueces, fiscales y procuradores valientes que mantuvieron su independencia y autonomía durante la década de la corrupción”.
Hoy resuenan más que potentes, crudas y realistas, las palabras de José Mujica: no es que los políticos cambien, sino que el ejercicio del poder les da la oportunidad de mostrarse como verdaderamente lo son. Alejandro Toledo, está ad portas de ser extraditado al Perú desde Estados Unidos, para confrontarse con la justicia penal y deslindar sus responsabilidades por los delitos de lavado de activos, tráfico de influencia y cohecho, en tres procesos diferentes: presuntos sobornos de Odebrecht por los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur (“¡Oiga, Barata, paga carajo!”), el caso Ecoteva y otro por los presuntos sobornos de la constructora Camargo Correa.
Si bien Alejandro Toledo postuló hasta en dos oportunidades a la presidencia antes de lograrla, en 1995 y luego en el 2000, donde desistió de participar de la segunda vuelta ante el clamoroso fraude electoral; luego de la caída de Alberto Fujimori, participa de un tercer proceso electoral el 2001, derrotando en la segunda vuelta electoral a Alan García, para descansar un periodo por la prohibición de reelección, vuelve a participar en las elecciones generales del 2011 y 2016.
Esta referencia histórica, nos evidencia el interés o el apego al poder, y aun habiéndose tenido la oportunidad, cual, si fuera un mesías, sentirse imprescindible en la dirección de los destinos del país. Claro, los motores para esa decisión eran la mezquindad, el latrocinio, el aprovechamiento del Estado, golpeando nuestra maltrecha democracia y mercantilizando la confianza ciudadana.
Este caso concreto, nos adentra con una realidad que como país tenemos que asumirla y corregirla. Ya nos decía Alfonso Quiroz en su “Historia de la corrupción en el Perú”, que desde los albores de nuestra vida republicana esta lacra de la corrupción nos acompaña. Son reiterados y periódicos los informes de la Contraloría General, que nos dicen que año tras año la corrupción compromete más de 20,000 mil millones de soles en todos los niveles de autoridad, los que limitan un mayor desarrollo, evidenciándose nuestras múltiples carencias, cuya secuela es el desencanto ciudadano con nuestra propia democracia.
Hace algunas semanas los medios de comunicación daban cuenta que la Corte Suprema determinó que el proceso había prescrito, nos referimos al caso denominado Petro audios, denunciado el lejano 2008, durante el segundo gobierno de Alan García, un caso muy solvente sobre tráfico de influencias, con graves ribetes políticos, porque significo la remoción de un gabinete ministerial. El caso hubiera pasado desapercibido, si no fuera por la persistencia, claridad que mostró el periodismo de investigación. Sin embargo, este archivamiento del proceso, no ha despertado la atención o primeras páginas de los medios informativos, es que el caso ya salió del interés ciudadano o son los grupos de interés quienes lo excluyen, para que fluya una vez más la normalidad, esa absurda normalidad.
El acucioso trabajo del periodismo de investigación, cual si verdadero Sherlock Holmes, a inicios del 2013, el periodista Oscar Libón empezó a publicar sus reportes sobre las adquisiciones inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, en concreto era la compra de una casa en las Casuarinas por US 3.75 millones, al que se denominó caso Ecoteva, y que significara el inicio de una inagotable fuente de acontecimientos, que colocaron al ex presidente no en una difícil situación jurídica y política, sino en lo que realmente era, un aprovechador del erario público y un manifiesto encono contra los intereses ciudadanos. El caso se tornó incontenible, sobreviniendo los casos relacionados a la gran corrupción de las constructoras, no sólo Odebrecht.
Alejandro Toledo, se calificaba como un exitoso economista, gozar de reconocimiento en los segmentos académicos, de estar involucrado en los grandes foros de discusión, de hombre que se hizo de abajo y a respuesta de ello, entendía perfectamente lo que es ese largo, complejo y duro batallar por sobreponerse a la adversidad, y eso implica carácter, temperamento, humildad, honestidad, verdad. Donde quedo todo ello. En la performance de Alejandro Toledo, encontramos el reflejo de otros actores políticos; no hay certeza de que la clase dirigente actual sea impoluta, esa sensación de desconfianza, de recelo que brilla en la mirada de los ciudadanos, está justificada, y los lleva a un escenario donde aun siendo amplia la gama de ofertas electorales, es reducido el marco para la decisión final, y si no, veamos los resultados de las últimas elecciones.
Pero, este mal endémico, que aparece tan apegado a nuestras instituciones no es exclusividad de alguna vertiente política, lo refieren los politólogos, con cierta sorna, estarán en el “Fundo Barbadillo”, divididos por estrechas paredes, unidos por la corrupción en sus actos, uno de derecha-como Fujimori-, uno de centro-como Toledo- y uno de izquierda como Castillo. Y pareciera que se nos quiere mostrar, la corrupción, como democrática, toca todas las puertas, todas se abren y a todas ingresa. Y aún nos quedamos cortos, porque dentro del esquena unitario y descentralizado, los distintos niveles de autoridad, administran importantes recursos, grandes proyectos y una ola de corrupción in crescendo.
Es indiscutible el daño al desarrollo, limitando nuestra capacidad para solventar la cobertura de servicios básicos y urgentes, generando la construcción de una sociedad desigual; sin embargo, un daño con igual o mayor impacto, es nuestra institucionalidad democrática, pues su fundamento que son los ciudadanos, se va apartando, buscando espacios que signifiquen oportunidad, mejora y dignidad. Sin embargo, la pesadumbre no ayuda, ahonda nuestra crisis de legitimidad, tenemos que acudir a una necesaria renovación generacional, con osadía para asumir los retos, con valentía para romper con el statu quo; claro que hay capacidades, lo que falta son oportunidades.
Tengo en mi memoria, frescos los recuerdos cuando Alejandro Toledo recorría el país, en su amplia geografía, eran los momentos finales del fujimorismo, calles, avenidas, plazas abarrotadas de multitudes que sentían una voz diferente, recogían una esperanza, endosaban sus expectativas.