POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Tomamos el nombre de una obra del dramaturgo español Calderón de la Barca, en la que finalmente Pedro Crespo es nombrado alcalde perpetuo por el rey Felipe II, como respuesta a una determinación de justicia que este había dispuesto en salvaguarda del honor. Más allá del sugerente título, nos sirve para involucrarnos en el contexto presente: a menos de un mes de las elecciones municipales y regionales, estamos convocados los ciudadanos para decidir la elección de 196 alcaldes provinciales y 1,696 alcaldes distritales. A ello habrá que agregarle los respectivos regidores —en otro momento hablaré de las elecciones regionales— y, en cada circunscripción, se percibe una singular efervescencia popular: reuniones, movilizaciones, marcha de banderas, caravanas vehiculares, inauguraciones de comités o bases, la atención de los medios de comunicación y, obviamente, la agresiva publicidad externa y fija; una evidente motivación en los electores no advertida en las elecciones generales pasadas.
ALCALDES, PODER Y LIDERAZGO
De manera circunstancial, semanas atrás vimos una película mexicana, “La ley de Herodes”, cuyo argumento nos provoca evocarla, en la que el presidente municipal Juan Vargas decide, motu proprio, acomodar la ley, lo que significó cambiar la Constitución para permitirse la reelección y darse poderes absolutos, legalizar sus cobros municipales confiscatorios; dueño de un poder absoluto, en un entorno social muy pobre, lo que evidencia una instrumentalización de la ley para legitimar su autoridad y sus decisiones.
Acabamos de terminar la lectura del libro de Martín Caparrós “Ñamérica”. En uno de los tantos recorridos literarios que desarrolla, nos recuerda al estrambótico alcalde de Bogotá Antanas Mockus, catedrático de matemáticas y rector de la Universidad Nacional, que en esta última condición, ante una asamblea de estudiantes, decidió “arriar sus pantalones” para llamar su atención; con una gestión práctica, ágil y humana, transformó Bogotá.
Desde su reciente elección, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, apelando a su autonomía, fuerza institucional e innegable liderazgo, en una de las ciudades más complicadas de administrar, viene asumiendo una solvente administración, aun con las cortapisas de un prepotente vecino como Donald Trump, persistente en desautorizarlo y neutralizar cualquier competencia política. Y es cierto, el hecho de ser la máxima autoridad municipal en una de las ciudades más importantes de un país no solo le permite una atención preferencial ante la opinión pública, sino que, tratándose de ciudades con importante caudal electoral, alienta a sus alcaldes a constituirse en figuras políticas nacionales para colocarlos en perspectivas presidenciales. Pasó con Petro en Colombia, con Macri en Argentina y, por nuestros lares y en nuestra historia reciente, lo intentaron Luis Bedoya Reyes o Alfonso Barrantes; aunque, ingresando a lo poco serio de la política y en tiempos presentes, nos encontramos con Rafael López Aliaga, quien, con la venia de un obsecuente JNE, intenta la reelección a la Alcaldía de Lima, cuando es precisa la prohibición constitucional.
REELECCIÓN Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA
Ahora que está en discusión la anotada prohibición de reelección municipal, es bueno refrescar las circunstancias bajo las cuales se dieron las modificaciones constitucionales, y fueron precisamente las graves denuncias por actos de corrupción que llevaron ante los despachos judiciales y a la cárcel a alcaldes y presidentes regionales, acompañados de funcionarios de confianza, por cuanto se evidenció una estructura criminal montada al interior de estas entidades subnacionales. El fuerte incremento de los ingresos vía canon y regalías tuvo como respuesta negativa el latrocinio y la corrupción, relegando la ansiada oportunidad de desarrollo.
Ahora que se muestran por doquier diversas candidaturas, algo propio de una democracia que no puede negar la participación política, la oportunidad no solo reclama líderes, ascendencia, carisma y verbo, sino también responsabilidad y prudencia, acompañadas de un necesario gesto de humildad. Ya los filósofos griegos acentuaban que quienes asuman una función pública deben poseer conocimiento, virtud y competencia.
No podemos negar la disposición y compromiso que tienen los ciudadanos para incursionar en el quehacer político, y las propias carencias que ellos perciben directamente los alientan a tener una responsabilidad mayor: postular a un cargo político, en este caso municipal.
LA RESPONSABILIDAD DE GOBERNAR
Los municipios manejan importantes recursos económicos y, a efectos de ello, desarrollan proyectos de desarrollo que pasan por distintas fases técnicas hasta llegar a su ejecución y, luego de ello, viene la liquidación. Están la Contraloría General, el Ministerio Público y la propia ciudadanía interesada, pendientes no solo de la calidad de la obra, sino del correcto uso de los recursos.
En cada fase del proceso, si bien hay profesionales y técnicos especializados, es decir, distintos actores intervinientes, en ellos descansa una responsabilidad técnica, aunque encontramos casos de oscuros comportamientos. Siempre hay un responsable político y esa es la autoridad elegida. Si esta no conoce de los procesos, está mal asesorada o la complejidad del sistema no le permite ingresar al detalle de las decisiones, ello le genera indudables responsabilidades; por eso es recurrente que muchos alcaldes acompañen su posgestión con procesos judiciales, con los que, en la soledad de su entereza, tienen que lidiar.
Pero las municipalidades no solo son inversiones. Su gestión implica planificación, administración, desarrollo, liderar un contingente numeroso de funcionarios, empleados y obreros, priorización u optimización de servicios, presidir distintas mesas de trabajo, articular con otros niveles de autoridad; la toma de decisiones es permanente y, en cada una de ellas, hay responsabilidades funcionales.
No es suficiente alegar que las carencias o el desconocimiento sobre la gestión pública se cubren con un buen asesoramiento, lo que nos parece adecuado, pero insuficiente. El asesor opina, pero la autoridad decide y en ella descansan las responsabilidades; es a la autoridad a quien el elector elige. Su decisión va sobre una persona que le genera confianza y esa confianza no puede defraudarse.
No digo que la política esté hecha para una élite, sino que esta reclama un grado básico de conocimiento. Y lo digo con lamento, porque observo que personas muy correctas, de buenas intenciones, por una errada decisión o por aquellos malditos “cinco minutos” de desatención, terminan implicadas en procesos que tiran por la borda toda una vida construida con esmero.
EL VOTO RESPONSABLE
Tenemos que asumir con entereza, y lo digo con objetividad y respeto, que de un tiempo a esta parte los electores son volátiles, juegan con la oportunidad, inclinan sus pareceres y decisión por alguien que, desde su análisis, “tiene las de ganar”, renunciando al ejercicio responsable del voto, en el que descansa su propio bienestar.
Las elecciones municipales se presentan como una oportunidad democrática para no negarnos al desarrollo, decidiendo por propuestas que signifiquen reales garantías de responsabilidad y autoridad. El baile, la sonrisa gratuita, la dádiva y el abrazo cuentan mucho en elecciones, pero más cuenta la conciencia de haber decidido bien y para bien.
