POR: DR. JAVIER FLORES AROCUTIPA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su rechazo ante la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de Perú, la cual resultó en la liberación del expresidente Alberto Fujimori.
Fujimori estaba cumpliendo una condena de 25 años desde 2009 por su participación indirecta en actos de violencia extrema, incluyendo la masacre de Barrios Altos y la desaparición forzada de estudiantes de la Universidad La Cantuta, además del secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. La decisión del Tribunal Constitucional, tomada el 4 de diciembre de 2023, fue basada en un indulto presidencial otorgado en 2017 por razones humanitarias. Este hecho ha generado controversia, ya que contradice los compromisos internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos y va en contra de las directrices previamente establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2022, la CIDH había ordenado a Perú no ejecutar la orden de libertad resultante del indulto, argumentando que no se habían cumplido las condiciones necesarias dentro del marco de supervisión del cumplimiento de las sentencias de los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, el Tribunal Constitucional peruano procedió con la liberación de Fujimori, desacatando las instrucciones de la CIDH. Como respuesta, la CIDH reiteró su posición, enfatizando que otorgar indultos o exenciones a individuos condenados por violaciones graves a los derechos humanos puede conducir a una impunidad significativa.
La CIDH recordó al Estado peruano su obligación de respetar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de acatar las decisiones de la CIDH. La Corte, en su resolución del 5 de diciembre de 2023, reiteró la necesidad de que Perú se abstuviera de implementar el indulto. La CIDH, como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), instó a todas las autoridades estatales a realizar un control de convencionalidad en sus respectivas competencias, teniendo en cuenta la Convención Americana y la interpretación que la CIDH realiza de la misma.
Finalmente, la CIDH hizo un llamamiento enfático al Estado peruano para tomar medidas efectivas que garanticen el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad, respetando su dignidad y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.