El dominical Panorama reveló que el expresidente de la República, Martín Vizcarra, también se benefició con la ley de prescripción, conocida como ‘Ley Soto’, y evitó ser condenado por el caso Chirimayuni.
De acuerdo con el informe periodístico, el Poder Judicial decidió declarar prescrito un proceso en su contra por el presunto delito de negociación incompatible, al considerar los plazos establecidos por dicha norma.
“Se resuelve de oficio declarar fundada la excepción de prescripción de la acción penal, y en consecuencia se dispone el sobreseimiento definitivo del presente proceso seguido en contra de Martín Alberto Vizcarra, por el delito de Negociación incompatible previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado peruano; y disponer la anulación de los antecedentes policiales y/o judiciales que se hubieren generado con motivo del presente proceso”, se lee en la resolución.
Este caso tiene relación con la represa de Chirimayuni, del año 2011, durante la gestión de Vizcarra Cornejo como gobernador regional de Moquegua. En aquel entonces, se dio la buena pro de la obra al consorcio Chirimayuni para la supervisión externa del proyecto durante un año y se pagó S/ 1,286,000 pese a que la Contraloría detectó que no se había hecho ninguna supervisión.
Martín Vizcarra fue acusado por este caso formalmente en noviembre del 2018, pero su carpeta quedó en standby porque en ese momento gozaba de inmunidad presidencial.
Panorama recordó que la Fiscalía de Moquegua acusó por el caso Chirimayuni al exfuncionario y amigo de Martín Vizcarra, César Ramos Zamora, en 2016 y fue hallado culpable del delito de peculado agravado por lo que actualmente cumple una condena de 8 años de prisión, desde el 27 de mayo del 2022. Sin embargo, el vacado exmandatario tuvo mejor suerte que su allegado y no fue alcanzado por la justicia.
La cuestionada ‘Ley Soto’ hizo que el referido delito contra Vizcarra Cornejo, que se le imputó por hechos del 2011, prescriba en 10 años, es decir, en 2021. Por tal motivo, el exjefe de Estado evitó una posible condena de hasta 6 años de cárcel.