Ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se constituyeron los consejeros regionales Luis Miguel Caya Salazar y Yovanna Valdez Barrera, para interponer la denuncia por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado, por supuestas irregularidades de uso de combustible y vehículo en una obra que se ejecuta en el distrito de Omate de la provincia General Sánchez Cerro.
El pasado 20 de febrero del 2020, en mérito a sus funciones como consejeros regionales se constituyeron al proyecto “Construcción del muro de contención en el Complejo Recreacional Ulucan”, ubicado en la localidad de Ulucan, distrito de Coalaque, el cual se ejecuta con un presupuesto de 668,978.66 soles, con un plazo de 90 días calendario, modalidad de ejecución administración directa a cargo de la Unidad Ejecutora Sub Región Sánchez Cerro.
En la obra fueron atendidos por el coordinador del proyecto Luis Alberto Enríquez Ranilla, la responsable del almacén y un asistente, quienes brindaron acceso al mismo, encontrando depósitos de combustible.
Al verificar el cuaderno de la almacenera, se pudo constatar combustible faltante, argumentando la responsable que no había actualizado el registro. Se comprobó que el Ing. Enríquez Ranilla firma como solicitante, como receptor y como jefe de almacén, pese a que existe un encargado.
Asimismo, habría irregularidades en el alquiler, por 28 días, de 2 patilladoras que el residente dio conformidad, pero no se alquiló el servicio.
Respecto al alquiler de camioneta, se comprobó que la distancia entre el local de la Sub Región y la obra es de 16 kilómetros, pero se pudo verificar que en el kilometraje del vehículo supera hasta en 10 veces, situación que no se ajusta a la realidad, ya que con los partes diarios se evidencia solamente entre 2 a 3 actividades realizadas por la camioneta.
Aparentemente, la camioneta sería utilizada por el gerente de la Sub Región Sánchez Cerro Ing. Omar Murillo Tapia para trasladarse a la ciudad de Arequipa y viceversa.
La denuncia está dirigida contra el gerente de la Sub Región Omate, Omar Femando Murillo Tapia, Luis Alberto Enríquez Ranilla, Giuliana Naldy Pastor, los proveedores Iris Deysi Medina Mejía, Edward Urday Torres, Eduardo Taya Llacho (operador de camioneta) y los que resulten responsables, por el presunto delito de peculado y colusión en agravio del Estado representado por el procurador especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios.
