POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Por supuesto que causó sorpresa esta última decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), disponiendo la imposibilidad de Rafael López Aliaga de asumir la conducción de una de las más importantes municipalidades del Perú. Se trata de la capital del país, que concentra casi un tercio de nuestra población electoral, con un tratamiento normativo sui géneris. Si bien su última decisión corrige la barrabasada de irse contra la propia Constitución, no nos habilita a cambiar de opinión: es uno de los órganos electorales más ineptos, deslegitimados y causantes de toda esta zozobra que ensombrece nuestras elecciones subregionales; por supuesto que colocamos a buen recaudo la independencia y objetividad del actuar de algunos de sus integrantes.
Una primera torpeza del JNE fue subrogar de sus responsabilidades funcionales al propio Congreso al aceptar su renuncia a su condición de senador electo; luego, la “oportuna” renuncia de Luis Rubio Idrogo a la Alcaldía, bajo la permisividad del sistema electoral, habilitó a Rafael López Aliaga a continuar en el proceso y colocarlo en la palestra de su lista, incluso a legitimar esa condición con su participación en el debate electoral, pese a la legítima oposición de las restantes candidaturas. No había duda de que la decisión institucional, avalando la inconstitucional participación electoral, estaba cerrada y definida.
Este cambio abrupto provoca indagar el contexto, y la respuesta —lamentablemente, una vez más— es que no corresponde a una corrección funcional, una rectificación de la ética pública, a la entereza de los integrantes del JNE de determinarse por la supremacía de la Constitución, que expresamente prohíbe la reelección de los alcaldes; y la dirección de nuestro escudriñar va por cuestiones subjetivas, una sistemática y torpe campaña de López Aliaga contra el sistema electoral, siendo lo último las expresiones agraviantes en compañía de su nuevo socio político, el inefable Carlos Álvarez, contra Roberto Burneo, que incluso motivó una denuncia del procurador público; es decir, un cobro de cuentas confundido con la defensa de nuestra institucionalidad democrática. ¿Acaso olvidamos que el presidente del JNE decía respecto a la irregular participación de López Aliaga que su institución “no legisla” y que sus resoluciones se fundamentaban “de forma independiente y objetiva sobre la base constitucional, legal y los reglamentos aprobados”?
Entonces, la reelección encubierta, sostenida en un manifiesto y público fraude a la ley, finalmente llegó a una “bajada del telón”: no va más. Es el respeto a los mandatos constitucionales, constituido como regla, no permitiendo interpretación alguna que facilite excepciones. Podría alegarse que se afecta el derecho a la participación democrática, argumento que fue considerado en la reforma de la Constitución que incorporó esta prohibición y que, en su oportunidad, fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, que al resolver el caso argumentó que respondía a un principio de oportunidad y al margen de discrecionalidad política que tiene nuestra representación parlamentaria.
No ingresaremos a calificar la administración municipal de López Aliaga, pero sí consideramos necesario colocar en la agenda pública la revisión de la reelección municipal o regional, desde una perspectiva de gestión de la cosa pública: si la no reelección permite impulsar y culminar proyectos, si los plazos son idóneos para concretar las iniciativas que permitieron recoger la confianza ciudadana. En su momento, su prohibición fue una medida para contrarrestar la corrupción en estas instancias de gobierno, lo que, por cierto, no se ha superado. Quizás la salida sería una fórmula intermedia: homologar los periodos de mandato como en los demás cargos electivos, de cinco años y sin posibilidad de reelección.
La reciente decisión del JNE llega con precisión milimétrica, conjugando con los tiempos. La Resolución N.° 4557-2026-JNE establece: “El artículo 194 de la Constitución Política (prohíbe la reelección), debe interpretarse atendiendo a su finalidad constitucional… La prohibición de reelección inmediata busca impedir que quien ejerció el cargo de alcalde durante un periodo municipal acceda nuevamente a dicho cargo en el periodo inmediato siguiente. En consecuencia, dicha prohibición no puede ser interpretada de manera exclusivamente formal, atendiendo únicamente al cargo consignado en la solicitud de inscripción de la candidatura, sino que debe considerar los efectos jurídicos que se derivan de las reglas electorales para la determinación de las autoridades municipales”. Una lectura clara y precisa de nuestro marco constitucional, que no requería de un grave discernimiento interpretativo. ¿Costaba mucho establecerlo como regla básica en la que se sostendría el proceso de elecciones municipales y regionales, al iniciarse el proceso, liberándonos de todo ese embrollo jurídico que ha tenido en “cuidados” todo el proceso?
Sin embargo, el eje de esta resolución está en su fundamento 34, que nos resulta preciso y suficiente, en la coherencia normativa y legitimidad institucional: “Cuando el primer regidor se encuentre comprendido en alguno de los supuestos señalados (prohibición de reelección), carecerá de habilitación para asumir la alcaldía durante el periodo municipal inmediato siguiente, aunque conserve su condición de regidor. Corresponderá, por tanto, continuar el orden de precedencia de la propia lista hasta identificar al primer regidor que reúna las condiciones para ejercer la alcaldía… deberá observarse tanto en la proclamación de autoridades como ante cualquier sucesión o reemplazo que se produzca durante dicho periodo…”.
Renovación Popular participó y ganó las elecciones municipales en Lima Metropolitana, teniendo como primer regidor a Rafael López Aliaga. El sistema electoral, con sus disposiciones, dejó acentuado públicamente que, en tal condición, asumiría la Alcaldía de Lima. La campaña electoral —en especial los medios de comunicación— colocó ante la opinión pública y, obviamente, ante el elector, esta candidatura, y quienes votaron y se definieron por esa agrupación lo hicieron con la certeza de que era una participación lícita y válida. Y fue y es el propio JNE, con sus decisiones y omisiones, quien ha menospreciado la voluntad popular, lo que convierte a las elecciones democráticas en una burla a las expectativas cifradas en quienes votaron a su favor.
Estos acontecimientos, con fuerte incidencia en nuestra institucionalidad, son, pues, una manifestación de la crisis en que están inmersos nuestros órganos constitucionales, que, al no asumir con prudencia, oportunidad y responsabilidad el ejercicio de sus funciones constitucionales, alimentan con creces no solo el desconcierto ciudadano, sino que profundizan la brecha de desafectación ciudadana.
