POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Para este momento ya es harto conocida la colosal decisión tomada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto de la no proclamación del primer regidor como alcalde, si este lo es actualmente (o lo fue, de haber sido vacado o renunciado para postular como presidente o parlamentario en abril pasado) en este periodo municipal (2023-2026). Aplaudido por unos y criticado por otros, es lo resuelto por el máximo órgano electoral. La motivación ha sido enteramente política, donde el JNE hizo prevalecer (en palabras de su vocera) la Constitución, cuyo tercer párrafo del artículo 194 prohíbe expresamente la reelección de burgomaestres.
En el contexto, un alcalde postuló en estos comicios como primer regidor. El último día de inscripción de listas, el candidato a burgomaestre renuncia (es su derecho) y se inscribe la misma solo con regidores. El Jurado lo permitió (en todos los casos), a pesar de las múltiples exigencias de pronunciamiento ante la imposibilidad constitucional signada líneas arriba. Llegó el 4 de octubre y ganaron. Entonces, por orden de prelación, el primer regidor debiera ocupar el lugar de alcalde (Ley de Elecciones Municipales, artículo 35). Sí, pero.
Treinta y tres días después, el JNE se acordó de que debía decir algo y, como quien saca literalmente “un conejo bajo la manga”, se expresó por la proscripción a que hicimos referencia ut supra. En buen romance, aplicaron el control difuso; sin embargo, hay un problema, mayúsculo desde luego. Esta figura jurídica se da cuando existe incompatibilidad entre una ley y la Carta Política, debiendo preferirse la segunda, y está reservada exclusiva y excluyentemente al Poder Judicial (artículo 138 de la Norma Suprema). Como antecedente breve, en 2005, al Tribunal Constitucional se le ocurrió habilitar a tribunales u órganos colegiados estatales a que lo aplicasen (Expediente N.° 3741-2004-PA/TC). Luego de siete años, recobraron la cordura (con otros magistrados, por cierto) y lo dejaron sin efecto, recalcando el rol soberano de la judicatura (Expediente N.° 4293-2012-PA/TC).
De lo anterior, uno de los principios que rigen la administración pública es la predictibilidad, que garantiza a los ciudadanos conocer con meridiana exactitud cuál será la respuesta que tomará una autoridad frente a un procedimiento en trámite. También denominada confianza legítima, se constituye como un límite al ejercicio antojadizo del funcionario o servidor público; es decir, el principio de interdicción de la arbitrariedad. En suma, a mayor discrecionalidad del colaborador estatal, mayor es el riesgo de que sus decisiones sean subjetivas.
Hoy, el Jurado nos pone en una enorme encrucijada: preservar la Constitución por encima de cualquier disposición legal, en modo y tiempo de aplicarla cuando les dé la gana, frente a desconocer flagrantemente la voluntad popular manifestada en las urnas. Y eso conlleva a estar en constante inseguridad jurídica, que nos llevaría a la postre a ser considerados a los ojos del mundo como un país bananero. Y esto último no lo es, ni lo será, nuestro amado Perú.
