La aprobación finalmente llegó. El Consejo Regional de Moquegua dio luz verde por mayoría a diversas donaciones destinadas a población vulnerable, entre ellas más de ocho toneladas de ropa usada y casacas impermeables transferidas por la SUNAT. Sin embargo, la decisión se produce cuando el Ministerio Público ya había iniciado un procedimiento preventivo precisamente por la demora del órgano regional en pronunciarse sobre la aceptación de esos bienes.
La intervención fiscal había colocado bajo observación la actuación del Consejo Regional al advertir que la prolongación injustificada del trámite podía generar un riesgo de eventual comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal.
La Fiscalía no había determinado responsabilidad penal contra los consejeros, pero sí consideró suficientemente relevante la falta de pronunciamiento como para abrir formalmente un procedimiento preventivo y exigir explicaciones.
CONSEJO FINALMENTE APROBÓ
Como se sabe el miércoles 5 de agosto, el Pleno aprobó por mayoría la aceptación de distintas donaciones luego de que la Comisión Ordinaria de Descentralización, Transferencia y Patrimonio evaluara los expedientes y emitiera dictamen favorable.
La decisión permitirá ahora al Ejecutivo Regional incorporar los bienes y continuar con los procedimientos administrativos y logísticos necesarios para su posterior distribución.
Entre los bienes aprobados se encuentra un lote de más de ocho toneladas de ropa usada y casacas impermeables entregadas por la SUNAT, precisamente la adjudicación cuya demora originó la actuación de la Fiscalía de Prevención del Delito.
También fueron aceptados 500 edredones de polar terciopelo de dos plazas, donados por la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, así como 20 toneladas de arroz superior entregadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
Según el Gobierno Regional, el arroz será destinado principalmente a familias afectadas por la problemática ambiental de la cuenca del río Coralaque, mientras que las prendas y edredones serán dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, familias vulnerables y población expuesta a bajas temperaturas.
LA DEMORA YA HABÍA LLEGADO AL MINISTERIO PÚBLICO
El problema es que, para cuando el Consejo adoptó finalmente el acuerdo, el asunto ya había trascendido el ámbito estrictamente administrativo.
Mediante la disposición fiscal correspondiente a la Carpeta Fiscal N.° 152-2026, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito abrió un procedimiento a raíz de la demora comunicada por el Gobierno Regional.
El Ejecutivo había informado que entregó oportunamente al Consejo Regional la documentación técnica, legal y administrativa necesaria para sustentar la aceptación de la adjudicación de SUNAT y que, pese al tiempo transcurrido y a reiteradas solicitudes, no se obtenía el pronunciamiento requerido.
La falta del acuerdo impedía, según aquella comunicación, continuar con los trámites necesarios para distribuir los bienes.
FISCALÍA ADVIRTIÓ RIESGO DE EVENTUAL DELITO
Al analizar el caso, el Ministerio Público sostuvo que el pronunciamiento del Consejo constituía un acto correspondiente a su competencia funcional y señaló que una demora injustificada podría tener relevancia penal.
La Fiscalía identificó concretamente el riesgo de una eventual comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, aunque dejó claramente establecido que el procedimiento preventivo no constituye una investigación penal ni supone que el delito se haya cometido.
Asimismo, calificó los hechos como de repercusión social debido a que la demora afectaba la posibilidad de distribuir oportunamente prendas destinadas a personas vulnerables frente a las bajas temperaturas.
CINCO DÍAS PARA EXPLICAR QUÉ OCURRIÓ
La decisión adoptada ahora por el Consejo Regional tampoco borra automáticamente las actuaciones ya dispuestas por el Ministerio Público. La Fiscalía había ordenado oficiar al Consejo Regional para que, en un plazo de cinco días hábiles, informe detalladamente: Las razones de la demora. El estado del trámite. La fecha prevista para resolverlo.
Con la aprobación producida en sesión, una de esas circunstancias ha cambiado: el expediente ya cuenta con un pronunciamiento. Sin embargo, el documento fiscal no establece que el procedimiento quede automáticamente archivado en caso de que posteriormente se apruebe la adjudicación. Corresponderá al Ministerio Público determinar qué efecto tiene la decisión adoptada por el Pleno sobre el procedimiento preventivo iniciado.
Además, queda pendiente conocer la explicación del Consejo respecto de por qué el trámite se prolongó hasta generar la intervención de la Fiscalía.
TAMBIÉN SE CONSULTÓ A FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
El Ministerio Público dispuso igualmente solicitar información a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.
El objetivo es establecer si existe una investigación relacionada con bienes adjudicados o donados por SUNAT–Aduanas que se encuentren en poder del Gobierno Regional y, de ser así, conocer su estado y determinar si pesa alguna medida de inmovilización o incautación sobre dichos bienes.
Esta verificación era considerada indispensable por la Fiscalía de Prevención antes de continuar con determinadas actuaciones.
Superada finalmente la aprobación del Consejo Regional, la responsabilidad pasa ahora al Ejecutivo Regional, que deberá efectuar los procedimientos administrativos y logísticos para incorporar y distribuir los bienes.
Para los consejeros regionales ¿era necesario que el asunto llegara hasta un procedimiento preventivo del Ministerio Público para que finalmente se resolviera una donación destinada a atender necesidades urgentes de la población?
