El Gobierno Regional de Moquegua (GORE Moquegua) anunció que emprenderá acciones legales para revertir la reciente sentencia de vista emitida por la Sala Superior de la Corte de Justicia de Moquegua, que respalda el Informe N.° 45-2017 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre el proceso de delimitación territorial con la región Puno.
El pronunciamiento fue realizado en conferencia de prensa por el gerente general regional, Abraham Ponce Sosa, junto al subgerente de Acondicionamiento y Ordenamiento Territorial, Ing. Edwin Arias, quienes advirtieron una grave afectación a comunidades históricamente moqueguanas.
Abraham Ponce Sosa explicó que la sentencia no valora adecuadamente los derechos fundamentales de las poblaciones involucradas ni los aspectos técnicos y normativos que sustentan la posición de Moquegua.
Precisó que el Informe N.° 45 presenta serias deficiencias técnicas, fue elaborado sin trabajo de campo y desconoce la identidad y pertenencia regional de cerca de veinte comunidades campesinas, principalmente en los distritos de Ubinas, Ichuña, Chojata y Carumas, donde la afectación territorial alcanzaría hasta el 45 % en el caso de Ichuña.
Por su parte, el Ing. Edwin Arias detalló que las comunidades afectadas han sido censadas y atendidas históricamente por Moquegua en servicios de salud, educación e infraestructura, y cuestionó que el informe de la PCM se incline casi en su totalidad por la propuesta de Puno sin sustento geográfico ni técnico.
Añadió que, la actual gestión regional viene trabajando desde 2023 en la defensa de los límites departamentales y alertó sobre posibles intereses económicos vinculados a proyectos mineros y futuros proyectos hidráulicos en la zona en disputa.
En ese contexto, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, reafirmó que la sentencia no es definitiva y que su gestión ya se encuentra elaborando la apelación correspondiente dentro del plazo legal de diez días.
“La sentencia no es firme, es muy prematuro dar por terminado este problema de demarcación territorial. Vamos a apelar, acudiremos al Tribunal Constitucional para presentar un recurso de agravio”, declaró la autoridad regional.
Respecto a un eventual viaje al distrito de Ichuña, la gobernadora aclaró que no acudirá de manera presencial debido a la premura de los plazos legales, ya que el tiempo para interponer el recurso vence en diez días.
Indicó además que se evalúa un desplazamiento a la ciudad de Lima para continuar con las gestiones legales ante las instancias correspondientes. “No cederemos un solo centímetro de nuestra región ni un solo kilómetro de nuestra historia”, enfatizó.
