El parlamentario Roberto Chiabra, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que busca transferir la responsabilidad de destituir a los jueces y fiscales supremos del ámbito de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al Congreso de la República.

La propuesta legislativa establece que el término del cargo de un juez puede deberse, entre otras razones, a la “destitución dispuesta por la Junta Nacional de Justicia, a excepción de los Jueces Supremos, en cuyo caso corresponderá al Congreso de la República”.

Asimismo, señala que el cargo de fiscal termina, entre otras causales, por: «destitución dispuesta por la Junta Nacional de Justicia, a excepción de los Fiscales Supremos, en cuyo caso corresponderá al Congreso de la República».

La propuesta de reforma constitucional incluye modificaciones en el proceso de elección tanto del presidente del Poder Judicial como del Fiscal de la Nación.

La normativa establece que la posición de presidente del Poder Judicial será ocupada por el vocal supremo titular con mayor antigüedad, desempeñando sus funciones por un periodo de tres años y sin opción a ser reelegido.

Se establece igualmente que la función de Fiscal de la Nación recae en el fiscal supremo titular con mayor antigüedad, con un mandato de tres años y sin opción de ser reelegido.

Además, se especifica que, en ausencia de fiscales supremos titulares, el fiscal supremo provisional con mayor antigüedad asume temporal y provisionalmente el cargo de Fiscal de la Nación.

TERMINACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y FISCAL

El proyecto de ley presentado por Chiabra León también incluye la disposición de que el término del cargo de un juez puede ocurrir debido a la destitución del presidente del Poder Judicial o a la inhabilitación para ejercer funciones públicas impuesta por el Congreso de la República.

De igual manera, indica que la posición de fiscal concluye ya sea por la destitución del cargo de Fiscal de la Nación o por la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas impuesta por el Congreso de la República.