POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Con una diferencia de treinta años se reiteraron las expresiones disolver, intervenir o reorganizar el sistema de justicia, decretos leyes…torpe decisión, nada sorpresiva en la incoherente, improvisada, paupérrima gestión y ejercicio de autoridad. Elegido democráticamente, soportando los embates de una derecha cavernaria, un importante sector de prensa sesgado, al frente un parlamento enano en responsabilidad y enorme en romper institucionalidad, en entredicho permanente con los otros órganos constitucionales, apelando a la masa como recurso de legitimidad, inducido a colocar en extremos nuestro marco constitucional, en una inesperada decisión rompe con el orden constitucional. El émulo de Fujimori, tiene hoy como vecino a Fujimori.
Más allá de las indagaciones judiciales que deslindarán con las responsabilidades que correspondan en ese ámbito, nos corresponde una respuesta institucional, como se llegó a ese extremo político. De pronto la continuidad democrática, empieza a maltraerse, si bien allí está resistiendo, no es sinónimo de estabilidad política encontrarse con seis presidentes en casi siete años, que los institutos constitucionales de último recurso, la vacancia, la cuestión de confianza, la censura, sean utilizados de manera recurrente, ordinaria; que la dinámica política gire en torno a la premisa vacancia-disolución, y que el comportamiento de los actores políticos se disponga bajo esa disyuntiva. Como ayer como hoy, hemos resistido, las previsiones constitucionales permitieron una reacción y corrección dentro de su marco; sin embargo, esa Constitución también nos prevé de instrumentos para el buen gobierno, la estabilidad democrática, la articulación y coordinación entre poderes y no estar sumidos en esa crónica inestabilidad, que frente a los ciudadanos genera desafectación democrática.
La respuesta pasa por una imprescindible reforma política, que comprende necesariamente reformas constitucionales, las cosas por su nombre; si bien hay una crisis de representación, que es la clase dirigente, con una famélica representación orgánico partidaria y una grave carencia de liderazgos potentes, justamente se tienen que reconducir bajo parámetros político constitucionales precisos, adecuados con la dinámica social que evoluciona a ritmo acelerado, que a su vez reclama un estado democrático solvente, con institutos definidos y claros, sin veto alguno sobre la participación ciudadana, que signifique una carta de encuentros y no de desencuentros, como gratuitamente nos lo permitimos hoy.
Síntoma de nuestra debilidad democrática, es que, con singular expectativa, se esperaba el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, cuando su rol está perfectamente definido “no son deliberantes”; pues en esta lucha de poderes, también de facto se instituyó un “árbitro” de la democracia, lo que es riesgoso para una novel democracia, que no acaba de consolidarse. Antes estuvo la OEA, a través de un Grupo de Alto Nivel, para recabar in situ el estado de la cuestión, auspiciar un diálogo entre quienes no quieren dialogar.
No es que el Congreso determinó la vacancia de Pedro Castillo, cumplieron con el ritual, él autogeneró su vacancia. Los gestos histriónicos en el hemiciclo, incluidas fingidas lágrimas, quieren trasmitir el mensaje de una decisión de temperamento parlamentario para destituir al infractor; si bien ese día se votaba la tercera vacancia contra Pedro Castillo, no se tenía los votos suficientes para que prospere, lo cierto es que primaba un ánimo de mutua supervivencia. Este parlamento fue más que complacencia con la corruptela, el hoy prófugo exministro de Transportes Juan Silva, nunca fue censurado por el Congreso; acaso el contubernio de congresistas llamados “los niños” es un hecho aislado; no se acaba de denunciar que se hacía reparo en recursos económicos para neutralizar censura de ministros y tanto más. Nada que validar en la decisión de Castillo, nada que validar en la inercia del Congreso.
Cuando preguntas sobre el fallido golpe de Estado, lo que llama la atención es que las persistentes movilizaciones sociales, los encuentros selectivos con gremios, los cotidianos viajes al interior del país, las visitas dirigenciales a la casa de Pizarro, implicaría un blindaje social a la presidencia de Pedro Castillo, pero no ocurrió, no hubo reacción inmediata a la decisión parlamentaria, más si hoy gradual y sólidamente se viene incrementado las movilizaciones exigiendo que se vayan todos; irónicamente, mientras los medios televisivos estaban en Apurímac interiorizando pasajes de la vida de la actual Presidenta, allí mismo se suscita la más agresiva manifestación pidiendo que se vayan todos. Y el panorama se nos propone complejo, la ciudadanía está despertando de su letargo, confundida con pasividad, para colocarse en la palestra y reprochar por un estado de cosas excluyente, injusto, prepotente.
Dialogo y tregua reclamo la presidenta Dina Boluarte en el acto de asunción de mando en el Congreso, y sus primeras respuestas respecto a un adelanto de elecciones fue concluyente, se quedan hasta el 2026. Qué demócrata no quiere estabilidad para su país, pero la verdad política va por otra vereda. No tiene una representación política en el Congreso, renunció a la Bancada que la llevó, Perú Libre; hasta el pasado lunes estaba sujeta a una denuncia constitucional; fue ministra de estado del defenestrado Pedro Castillo hasta hace poco días, por desavenencias con la impulsiva Bettsy Chávez, dejo el Gabinete; pero no encontramos una línea clara que la desmarque de Castillo, por ello algunos la perciben como continuismo de Castillo y otros como reflejo de la deslealtad; en cualquier caso el temporal político está al acecho.
Si ya era débil el gobierno de Castillo, pese a algunos soportes políticos, como un apoyo menguado y oportunista en el Congreso, el de Dina Boluarte, lo encontramos pendiente de una variopinta representación parlamentaria, que poco le interesa la institucionalidad de nuestro país. Las circunstancias, en su real contexto, ubican al nuevo gobierno, como uno de transición, que, si bien la tarea inmediata será darle tranquilidad y unidad al país, no puede excluirse de la responsabilidad mayor, elecciones generales.
Estamos fallando como sistema político, el molde de estructura organizacional frente a la ciudadanía no responde; el frustrado golpe de estado no debe analizarse como un hecho aislado, se trata de una sucesión de hechos, la expresión de un resquebrajamiento de nuestro orden democrático y constitucional; algunos politólogos manifiestan que esto no va cambiar sin las reformas necesarias, y un nuevo proceso electoral evidenciara los mismos resultados, pues estamos en el momento de construir respuestas, de manera definitiva este Congreso, no va a cambiar nada. Por ello, soportados en el Acuerdo Nacional, la propia Iglesia Católica y otros actores legítimos e imparciales, debe establecerse una hoja de ruta para el proceso político, que establezcan prioridades de la reforma política, sean legales o constitucionales, y bajo esos parámetros-compromisos, debe convocarse a elecciones generales. Esa responsabilidad, le corresponde a la actual presidente Dina Boluarte, quien, con la autoridad política y el peso de la oportunidad, debiera impulsar estas decisiones. La Comisión de Constitución, poco antes, aprobó un Dictamen para el adelanto de elecciones, recojamos de buena fe ese insumo, para concretizar una salida a la crisis de la cual no nos hemos liberado.