El proceso de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados se ciñe a los plazos ordinarios, aseguró el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, al descartar que exista una “marcada celeridad” en el trámite de esa demanda.

Según explicó, los procesos de inconstitucionalidad suelen atenderse con mayor prontitud porque representan menos del 1% de la carga procesal general del TC, en comparación con los casos de «habeas corpus», «habeas data», acciones de cumplimiento, de amparo, entre otros.

“Cuando el tribunal resuelve va atendiendo de acuerdo con el tipo de proceso. Y en lo que es inconstitucionalidad no hay mucho proceso ni mucho retraso; por lo tanto, le da una atención más rápida que a otros procesos en los que la carga es mucho mayor”, refirió el magistrado.

Blume agregó que normalmente este tipo de procesos generan mucho interés público, porque atañen a toda la sociedad, como en el caso de la llamada “ley de medios”, que -según los demandantes- contraviene el derecho constitucional a la libertad de información.

En ese sentido, Blume Fortini mencionó que el TC da preferencia a los procesos que tienen un “alto interés público” ya que comprenden temas situados en la atención de toda colectividad peruana y, por ende, merecen ser vistos con prioridad.

“Por lo tanto, no es exacto -como se ha dicho- que estemos actuando con una marcada celeridad. Lo estamos haciendo como lo hemos hecho siempre ante temas de interés público, y este asunto lo merece dada su importancia y trascendencia”, alegó el titular del TC.

En esa línea, el magistrado consideró que, si bien la crítica es importante y constructiva, resulta paradójico que en algunas ocasiones se cuestione al TC por una supuesta lentitud en la resolución de procesos, y en otras por actuar con celeridad pese a la carga procesal existente.

A fines de junio pasado, el TC admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por un grupo de congresistas contra la “ley de medios”, que había sido aprobada por insistencia en el Congreso de la República.

La demanda contra esta norma que impulsó el legislador aprista Mauricio Mulder se presentó el pasado 20 de junio a iniciativa de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), tras reunir las 33 firmas requeridas por ley.