POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Los dictámenes de la Comisión de Educación-denominados contrarreforma universitaria- ya están en la agenda del pleno del Congreso, es la decisión de su presidenta poner a debate y posterior votación, como están las cartas mostradas en este apretado por no decir forzado proceso, se aprobarían con suficientes votos, resultado de esa nada santa coincidencia entre fuerzas políticas marcadamente distantes.
Debiendo la educación, en este caso la universitaria, asumirse como política pública que reclama consensos y decisiones para avanzar, fortalecer el espinoso proceso de consolidación y en ese imprevisible escenario de la política nacional, nos encontramos con entendimientos nocivos, alejados de un verdadero compromiso con una educación de calidad. Martin Adán, decía cuando acontecía un golpe de estado, hemos vuelto a la normalidad; no debemos renunciar una realidad que significa aptitud, competencia en nuestros jóvenes profesionales.
El primer dictamen otorga un plazo excepcional “de emergencia y adecuación “no mayor de dos años para que las universidades privadas asociativas con licencia denegada cumplan con las condiciones básicas de calidad para la prestación de los servicios educativos”; y el segundo dictamen denominado “ley que restablece la Autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, que propone modificaciones en la SUNEDU. Veamos esta última.
La cereza del contraste es la nueva composición de la SUNEDU: Dos representantes de las Universidades públicas, un representante de las universidades privadas, un representante de CONCYTEC, un representante del SINEACE, un representante del Ministerio de Educación y un representante del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú; siendo el Superintendente de la SUNEDU elegido entre sus miembros. La norma vigente establece que el Superintendente es designado mediante resolución suprema a propuesta del ministro de Educación, un representante de CONCYTEC y los otros cinco miembros son seleccionados mediante concurso público. Sumado a ello, y respondiendo a una estrategia, en los últimos meses hay una campaña de desinformación con respecto a los resultados del proceso de reforma universitaria y así, debilitar el rol del Estado como garante de la calidad universitaria.
El Dictamen, se argumenta en la defensa de la autonomía universitaria, cual si esta estuviera transgrediéndose desde el marco normativo que propone la actual ley 30220, y valgan verdades fue la materia que generó un arduo y prolongado debate en la auspiciosa discusión que se propició en torno a dicha ley; diversas demandas de amparo y especialmente las demandas de inconstitucionalidad, que resolvió el tribunal constitucional, declarándolas infundadas y por consiguiente sus contenidos estaban apegados a la norma constitucional. Sucede que hoy se abre una nueva ventana, utilizándose un acontecimiento real, que es la incertidumbre sobre el futuro de estudiantes cuyas universidades no fueron licenciadas, y que requiere respuestas pero esta no es la ruta a seguir; son los impulsores de las universidades no licenciadas quien están desde la sombra de la irresponsabilidad, con la complacencia e interés de algunos congresistas, golpear los importantes avances que se van logrando con mucho esfuerzo para una educación universitaria de calidad.
El exsuperintendente de la SUNEDU Martin Benavides expresaba con mucho tino: “Es falso que estos dos dictámenes no alteren la esencia del proceso de transformación de la universidad peruana. Todos sabemos que las universidades son instituciones donde hay muchos intereses. La única manera que se ha comprobado que es eficiente y tiene resultados en términos de poder tener decisiones orientadas a calidad, es que estas decisiones se den de manera independiente a las personas que conforman las comunidades universitarias.
Ingresemos al terreno de los supuestos. Dejemos el sistema universitario sin la ley 30220 y la propia SUNEDU. Sencillamente compartiríamos una universidad negocio, la educación como esencia ninguneada, el estudiante un producto más, carencia de investigación, tanto más por decir. Por eso, no es que se reclame autonomía, lo que quieren es autarquía, para el caos, la anarquía en que estuvo sumida la educación universitaria de nuestro país.
En su momento la Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso de la República a desestimar el proyecto de ley que busca modificar la conformación del consejo directivo de la Sunedu, indicando “se pretende retroceder al esquema previo a la ley universitaria, cuando funcionaban la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades. El Tribunal Constitucional cuestionó la imparcialidad de dicho sistema porque el CONAFU estaba conformado por ex rectores propuestos y elegidos por las propias universidades, lo que generaba una duda razonable sobre la imparcialidad de dichas instituciones al momento de autorizar el funcionamiento de universidades y filiales”.
La UNICA de Ica, fue la primera universidad pública con licencia denegada en el 2019 y ahora es la primera universidad que logra licenciarse luego de una primera denegatoria. Entonces, de los 44 indicadores evaluados el 2019, la UNICA no cumplía con 35, específicamente referidos a docentes, infraestructura, investigación. Hoy esta universidad les propone a sus 16,000 estudiantes una formación universitaria de calidad. Ejemplo a seguir, dentro del marco que la vigente ley propone, no renunciemos a nuestro deber cívico de darles a nuestros jóvenes un futuro con esperanzas.