POR: ENRIQUE LAZO FLORES
No está lejos de la verdad cuando el propietario de minas Buenaventura dice que la minería ilegal debe ser legalizada, ya que está generando una serie de anomalías y delitos en el país al no ser tomada en cuenta por el gobierno como una fuente generadora de ingresos y, sobre todo, de trabajo en el marco de la legalidad. Puede tener razón, pero lo que no menciona es que la minería ilegal en el Perú ha crecido de tal manera que se ha convertido en un potencial que ya no es considerado un mal, debido a factores que el gobierno no atiende, permitiendo su crecimiento y siendo considerada por algunos como minería informal, aunque legal.
Los factores que explican la presencia de la minería ilegal en lugares cercanos donde se desarrolla la minería legal y responsable son, en primer lugar, el alza del precio del oro, que resulta más atractivo y rentable a pesar de las condiciones de riesgo que implica operar en la ilegalidad. En segundo lugar, la falta de empleo en zonas rurales y urbanas provoca que parte de los pobladores opten por una actividad que les genera ingresos significativos. La debilidad del Estado peruano en sus diversas instancias también contribuye al crecimiento de la minería ilegal, ya que no muestra capacidad de control y fiscalización de los territorios.
Lo más preocupante del crecimiento de la minería ilegal es precisamente la ausencia del Estado y la escasa voluntad de poner en marcha los proyectos legales, como Tía María, Zafranal, Conga, entre otros, que llevan varios años olvidados. Esto ha permitido que la minería ilegal asuma el protagonismo que ahora tiene, sin cumplir obligaciones con el Estado, como el pago de impuestos, la protección del medio ambiente y la generación de puestos de trabajo.
Mientras esto sucede en el entorno de la minería legal, el país vive los momentos más cruciales de una crisis económica. La presidenta Dina Boluarte no encuentra el camino para liberarse de las ataduras a las que está sometida, donde solo puede cumplir con las consignas que le dictan, poniéndose en contra de la necesidad de que en el país se requieren mayores inversiones para generar recursos económicos, y esa es la minería formal.
La recesión económica es galopante, la falta de trabajo es alarmante, la anemia crece, la pobreza y el comercio ambulatorio aumentan, y la delincuencia domina las calles. El factor principal es la falta de dinero, y el dinero está allí; sin embargo, el gobierno es incapaz de crear fuentes de trabajo. El gobierno se queja de la falta de liquidez en las arcas, pero el dinero está allí. Para colmo, el gobierno observa pasivamente cómo crece la minería ilegal, pero a la minería formal le impone cientos de requisitos que debe cumplir. Esta minería ayuda a enfrentar la crisis económica, social y cultural, con programas sociales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. No se aprecia este esfuerzo.
Entramos en la recta final del año 2023, un año más que se va sin lograr avanzar en la puesta en marcha de los proyectos que albergan más de 50 millones de dólares. Increíblemente, el Gobierno no quiere dar luz verde a los más importantes, pero anunció que para el próximo año se espera que los proyectos Yumpag en Pasco, Romina en Lima, Corani en Puno y Chalcobamba en Apurímac entren en ejecución, implicando una inversión de US$ 964 millones. Además, está programado que Zafranal en Arequipa inicie en 2025, lo que permitirá una inyección económica de US$ 1263 millones. ¿Y Tía María? No figura en la lista.
¿POR QUÉ NO TÍA MARÍA?
En su momento, el Gobierno indicó que esperaba que en los próximos años se desarrollaran proyectos como La Granja, con una inversión de US$ 5 000 millones, El Galeno con US$ 3 500 millones, Río Blanco con US$ 2 792 millones, Los Chancas con US$ 2 600 millones, Michiquillay con US$ 2 500 millones, Pampa de Pongo con US$ 2 344 millones e Integración Coroccohuayco con US$ 590 millones. ¡Oh sorpresa! No está considerado el proyecto Tía María. ¿Por qué? Bueno, Dina Boluarte tiene un pacto con los dirigentes antimineros de Cocachacra, donde firmó un acta comprometiéndose a no tocar el tema de Tía María durante su mandato. Ahora ella es esclava de sus actos, pero el pueblo necesita trabajo y ellos no perdonan.
Todo indica que en este gobierno no se abordará ese tema. Recordemos que durante la inauguración de la feria minera más grande e importante del planeta, Perumin, el ministro de Energía y Minas anunció que el proyecto minero Tía María comenzaría este año. Sin embargo, al día siguiente, durante la exposición del premier Otárola, afirmó: «El proyecto Tía María no está en agenda», lo que indica que seguiremos esperando. Según la opinión de los empresarios mineros, estos proyectos no deben permanecer paralizados; el Perú necesita avanzar y generar empleo.
CRECE EL OPTIMISMO
Pese a todo, en Southern Perú, cada vez se mantiene el optimismo sobre la posibilidad de construir la mina de cobre, el proyecto Tía María, a medida que disminuyen las tensiones políticas. Entre la población, va creciendo el entusiasmo, la credibilidad y el convencimiento de que con la minería se mejorarán las condiciones de trabajo. La empresa lleva años tratando de mejorar la calidad de vida de la población, trabajando con las comunidades locales y cercanas al proyecto Tía María.
El proyecto contempla una inversión de US$ 1,400 millones y la creación de más de 3 mil puestos de trabajo. Su desarrollo será un gran avance en este país donde las relaciones de la industria minera con las comunidades rurales aisladas a menudo se deterioran. En Tía María se notan los progresos, solo necesita que el gobierno central decida dar paso a lo que pide la población, sabedores de que el proyecto cuprífero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, en Arequipa, es parte de la cartera de proyectos por US$ 15,000 millones que tiene Southern para esta década. Sería un gran acierto que, en el mensaje de Navidad, este gobierno deje de lado su inoperancia y anuncie lo mejor para la población, decidiendo por lo formal y no lo informal.