POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Cuán importante es abordar los problemas estructurales del país, no respondiendo sólo a aspectos circunstanciales, sino definiendo políticas públicas conducentes a corregir lo preexistente, regular lo carente, dándole a la ciudadanía mayor bienestar y mejores servicios públicos; un Estado con perspectiva y esperanza. En ese contexto, la administración de justicia, sigue siendo una prioridad, como ayer. Con impulsos interesantes, aún insuficientes, se reformó el sistema de elección de jueces y fiscales.
Latente está en la frescura de la memoria colectiva, aquél sábado 7 de julio de 2018, la difusión de los primeros audios en una nota de IDL-Reporteros, que evidenciaban graves hechos de corrupción en las más altas esferas de justicia del país, estando comprometidos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura… Las noticias de esta última semana dan cuenta que la Junta Nacional de Justicia destituyó al Juez Supremo Aldo Figueroa Navarro y al Fiscal Supremo Pedro Chávarry, además de sancionar con 30 días de suspensión en el cargo al Juez Supremo César San Martín. Es manifiesta la diferencia.
Es necesario ubicarnos en el momento, para evaluar el avance de los necesarios cambios impulsados en aquel entonces. Actuando con oportunidad el entonces Presidente Martin Vizcarra, decidió sobre cinco medidas gravitantes: creó la Comisión para la Reforma del Sistema de Justicia bajo la Presidencia de Allan Wagner Tizón, que en un apretado plazo de 12 días entregó su Informe Final; convocó a Pleno Extraordinario del Congreso -no se percibía en el Congreso urgencias como exigían las circunstancias, para poner a debate el proyecto de resolución legislativa y remover a todos los miembros del CNM, por causa grave; convocó a consulta ciudadana a través de referéndum para cuatro reformas constitucionales, la primera sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); elevó al Congreso el Proyecto de Reforma Constitucional del CNM; y una semana después del referéndum, alcanzó al Congreso el proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso de la República, por iniciativa de sus representantes, aprobó el proyecto de ley que declaraba en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El proceso de elección de los Consejeros tuvo un cambio sustantivo, se eliminó el sistema de representación, remplazándolo por un concurso público de méritos. Esta función de elegir a los miembros de la novísima Junta Nacional de Justicia, se encomendó a una Comisión Especial, presida por el Defensor del Pueblo, debiendo elegirse siete miembros titulares y siete suplentes. Una labor compleja desde sus inicios, en la primera convocatoria sólo tres postulantes de un total de 104 que se presentaron, lograron superar la evaluación de conocimiento; quienes estuvieron sometidos a un fuerte escrutinio público. Una segunda convocatoria, con nuevas reglas, que no le restarían al proceso, permitió culminar los objetivos, para finalmente se instalara la Junta Nacional de Justicia; aunque tampoco estuvo ajena a observaciones, como el caso del postulante Marco Tulio Falconi.
De inició, se le proponía una ardua labor, por mandato de la ley debía revisar los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios de magistrados realizados por los Consejeros removidos. En palabras de su primer presidente Aldo Vásquez Ríos: correspondía la revisión de un total de 2,299 casos que fueron resueltos por el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el periodo 2015-2018; 1,411 casos de selección y nombramiento de jueces y fiscales, 746 procesos de evaluación y ratificación de magistrados y 142 expedientes sobre procesos disciplinarios. Labor compleja, que permite transparentar los diversos procesos; reevaluar la aptitud y la probidad, propia para esta exigente función jurisdiccional. También, le corresponde ratificar cada siete años, evaluar parcialmente cada tres años y seis meses, a los jueces y fiscales de todos los niveles. No se trata de generar inestabilidad o desconfianza, es la oportunidad de dar institucionalidad desde el interior de la administración de justicia.
Ya con las elecciones generales convocadas, la Junta Nacional de Justicia, sin despertar suspicacia alguna, culminó el concurso público para la selección y nombramiento del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, eligiendo a Piero Corvetto Salinas; también se eligió a Carmen Velarde Koechlin como titular del Reniec. Un buen proceso, para una buena elección, lo que fortalece y consolida a nuestra joven institución. Aún más, con las leyes que crean la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, respectivamente, para el control funcional de los Jueces y fiscales, es competencia de la JNJ nombrar mediante concurso público a sus responsables.
Pareciera que nuestra actitud como país es reactiva, un hecho, una acción. Nos dimos una interesante propuesta correctiva con la JNJ, ¿es suficiente? ¿Es todo por la reforma del sistema de justicia? No, allí debe empezar. No debemos caer en el adormecimiento de siempre, donde la dinámica de las instituciones fluye a su ritmo parsimonioso y burocrático. En alguna oportunidad una abogada me planteó una racional critica, observamos la administración de justicia y sus problemas desde la mesa de partes hacia adentro y por qué no hacia afuera, donde está el ciudadano de a pie, con inagotable esperanza de justicia, el drama de su expediente, los dilatados y prorrogables plazos, los inacabables recursos, el honorario del abogado, lo pausado del proceso, la discrecionalidad del juez y más y más.
No se trata de más Comisiones especializadas o de alto nivel, insumos o propuestas por doquier, se trata -una vez más- de actitud, de generar los consensos posibles, donde nadie sobra. Como Estado tenemos el deber de darle a sus ciudadanos seguridad y paz social; con una correcta y debida administración de justicia, permitiéndonos la mutua oportunidad de legitimar nuestra democracia.