POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Era cuestión de tiempo, las diversas e infructuosas impugnaciones planteadas contra el resultado electoral de la segunda vuelta, ante el propio sistema electoral y luego en la vía judicial, con respuestas uniformes y apegadas al orden jurídico, en el contexto de un escenario político muy irritado, hasta cierto punto comprensible en la expectativa de ganar, pero maltrecho por la irresponsabilidad y escaso apego a nuestra institucionalidad democrática, nos dejaban el sinsabor que más temprano que tarde, una vez más, apelarían al espacio político que permite el Congreso, para forzar los términos de nuestro marco constitucional y poder plantear la vacancia presidencial.
Muy necesario era el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que renunció a su función rectora de interpreté constitucional, apelando a la figura jurídica de sustracción de la materia para un no resolver, a sabiendas de la desmesura y arbitrariedad como se desempeñaba el parlamento; quien ya dio una alerta, semanas atrás, corrigiendo al propio Tribunal Constitucional, acudía a acotar mediante una ley de desarrollo la cuestión de confianza.
No podemos caer en ingenuidad, la vacancia presidencial, siempre estuvo en la agenda legislativa, lo que no ayudaba a decidirse era la oportunidad. El Gobierno de Pedro Castillo, no ha cumplido aún los cuatro meses de gestión, y se propone esta iniciativa, que nos recuerda a aquella aplastante mayoría fujimoristas de hace cinco años, iniciaba un nuevo gobierno y sin miramiento a la gobernabilidad del país, impulsaba la interpelación y posterior censura del ministro de Educación Jaime Saavedra.
Entonces, se publicaron comentarios de la lideresa fujimorista: “Felicitaciones a quienes han hecho uso de la palabra. Me llena de orgullo ver la fuerza de nuestro partido”; hoy, convalidando la iniciativa de la congresista Patricia Chirinos, twittea: “En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la bancada ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial”; qué ha cambiado desde entonces, la misma actitud, la misma posición y respuesta política.
Las idas y vueltas, las indecisiones, las pésimas decisiones-especialmente nombramientos-, las contradicciones, las confrontaciones internas, la carencia de comunicación, la confusión de gobernar, ahonda en el factor confianza, merma la credibilidad ciudadana y alimenta el desconcierto en quienes le confiaron su voto. Y es la propia institucionalidad que dota de mecanismos de control político, como correctivos, a los que democráticamente y con prudencia debemos acudir; los ministros tienen la responsabilidad política, el ministro de Defensa Walter Ayala se vio obligado a renunciar, ante una eminente censura; no ocurrió lo mismo con el ministro de Transportes Juan Silva Villegas, no se alcanzaron los votos suficientes para su interpelación, pero ahora ha sido reconsiderado.
El Ejecutivo a pedido la delegación de facultades legislativas al Congreso para regular materias tributarias, fiscales, financieras y de reactivación económica, que no es una acción excepcional, por lo menos en los últimos veinte años, todo gobierno a inicio de gestión ha formalizado este pedido, siendo atendido. Y si el Congreso no accediera, lo que está en posibilidad cierta, no implicaría exceso alguno, más bien entramparía la ejecución de políticas de gestión comprometidas políticamente por el nuevo Gobierno.
Compartiendo análisis de escenarios políticos, la evidencia clara es que no cuentan con los votos para aprobar la vacancia por incapacidad moral del presidente Castillo, suman 43 los votos del Fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País, requiriéndose de 52 para su admisión a debate y de 87 para la aprobación de la vacancia; entonces, porqué se impulsa la iniciativa? las respuestas son varias, empezando por el singular protagonismo de la autora de la iniciativa; una suerte de globo de ensayo, para poner en evidencia ante la opinión pública, quién es quién, en la perspectiva de defender el orden democrático; reanimar al adormecido colectivo ciudadano que daba soporte a las cada vez menos concurridas marchas por la defensa de la democracia; recolocar en la vitrina política a los perdedores de la última elección, pero también, mirando de reojo las próximas elecciones municipales y regionales. Y hasta puede tener un efecto contrario, redefinir a los dubitativos en la preeminencia de la gobernabilidad y la estabilidad política, consolidación de la autoridad democráticamente elegida, y la victimización de la autoridad presidencial, que en esto si a mostrado presteza. Y claro que esta iniciativa de vacancia presidencial resulta antojadiza, caprichosa, tendenciosa.
La vacancia por incapacidad moral la tenemos fresca en nuestra memoria inmediata, se platearon dos iniciativas contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski -finalmente renunció-, y dos contra el expresidente Martin Vizcarra, concretizándose la última. En el espacio político, de entonces, fue determinante la mayoría opositora en el Parlamento, facilitándose la obtención de los votos. Hoy, también hay una mayoría opositora, pero con un mayor grado de ponderación, que debe exigir una debida valoración de la propuesta y decisión, ajena a la mezquindad y revanchismo político, comprometiéndose con la estabilidad política y gobernabilidad.
Una institución constitucional como la vacancia, si bien imprecisa no puede conducirse para avalar decisiones al albedrío de sus impulsores, con un ejercicio ilimitado y sin sujeción a criterios de razonabilidad; en todo caso, estaremos “en una permanente incertidumbre, dada la imprevisibilidad y el escaso apego a la estabilidad democrática que han demostrado las bancadas parlamentarias”, como lo advertían los magistrados Marianella Ledesma y Carlos Ramos. Las constituciones surgen y se consolidan históricamente como instrumentos de control al poder político, estableciendo principios y valores para el respeto de nuestros derechos fundamentales y nuestra institucionalidad democrática; no ampara el abuso de derecho ni los excesos de autoridad. Merecemos autoridades con legitimidad de origen y de ejercicio, es inaceptable toda instrumentalización de nuestra Constitución.