Por: Arnulfo Benavente Díaz
El JNE interviene para evitar un fraude a la ley; determina que usar una norma lícita y postular a regidor para conseguir un resultado prohibido —la reelección inmediata— vulnera el espíritu constitucional de la alternancia en el poder.
Existe una razón por la que ocurre esto en noviembre, y responde estrictamente al calendario electoral. Tras el conteo de votos de octubre, este es el mes oficial para la proclamación de resultados y entrega de credenciales. Al revisar los expedientes finales de los ganadores, el Pleno del JNE se vio obligado a unificar un criterio nacional antes de firmar los documentos que otorgan el poder político para el periodo 2027-2030.
En realidad, basándose en la Ley Orgánica de Municipalidades, el tribunal determinó que la condición de primer regidor no habilita automáticamente a asumir la alcaldía. Para hacerlo, el candidato debe ser «hábil», lo cual exige no estar bajo el impedimento constitucional de reelección inmediata consagrado en el artículo 194 de la Constitución.
Con esta decisión, la autoridad electoral cerró los mecanismos indirectos que se estaban utilizando para evadir el mandato constitucional.
Ahora, por derecho, le corresponde ser alcaldesa provincial de Islay a la docente Gladys Faustina Santos Turpo.
En todo el país, como en la ciudad de Lima, ante este problema general, el exalcalde Rafael López Aliaga dijo que denunciará penalmente al presidente del JNE por omisión de funciones dolosas; es decir, por interpretar la ley deliberadamente.
