POR: OMAHAR TORRES
El repetir las cosas ayuda en el aprendizaje de los seres vivos, creando vías reforzadas en las neuronas para volverse fácil con la práctica, además de hacer surgir nuevas habilidades. Según la neurociencia, es necesario de 15 a 20 repeticiones; pero en el mundo de la política y su participación en la administración de presupuestos públicos, esto está delimitado con la no reelección inmediata y evitar la continuidad en el cargo de las autoridades elegidas por votación popular, según la Carta Magna que nos rige.
El 10 de marzo de 2015 se oficializó la ley N.° 30305, con la publicación en el diario oficial El Peruano, que modificó los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Peruana. Esta norma limitó el tiempo en el cargo a un solo período de gobierno de los gobernadores, vicegobernadores regionales y alcaldes, solo pudiendo ser reelegidos si han transcurrido cuatro años —que es el tiempo de cada mandato—, realidad muy diferente al texto anterior que permitía la reelección sin limitación alguna.
Surge la interrogante del porqué se variaron los tiempos de ser gobernante local o regional, y tenemos que ser muy críticos en ello. Los datos de corrupción en el cargo se han ido incrementando en forma exponencial al interior de los estamentos municipales y regionales: los delitos contra la administración pública, como la sobrevaloración de los presupuestos de obras públicas, el contratar personal no idóneo o para pagar favores políticos, la colusión simple o agravada con proveedores o contratistas, el peculado doloso, culposo, de uso, el cohecho activo y pasivo, la malversación de fondos, el aprovechamiento indebido del cargo, la negociación incompatible, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el cobro indebido y el arbitrario abuso del cargo de autoridad.
En el entendido de que repetir el cargo genera la ambición de poder, a veces se recurre a estratagemas no permitidas o vacíos legales que están siendo corregidas y mejoradas por las instancias que les corresponde hacerlo, para evitar tener actuales y exautoridades denunciadas o sentenciadas por haber realizado direccionamiento de órdenes de servicio y contrataciones, obras sobredimensionadas en su presupuesto o inexistentes, irregularidades en los programas sociales y la contratación direccionada del personal, incluso por nepotismo. Todo esto ocurre como consecuencia de la falsa idea que se tiene de que, estando en el puesto, son intocables; de que los controles y auditorías pueden ser desviados o anuladas; o de que se puede ocultar o desaparecer las pruebas.
En los datos estadísticos del año 2025 se tienen registrados 6503 casos de corrupción en los delitos mencionados líneas arriba, los cuales se encuentran en investigación fiscal, en su etapa preparatoria o preliminar. Por lo que no sería nada extraño que los actuales gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales sean sentenciados con penas privativas de libertad en los próximos años por su accionar irregular del periodo 2023–2026; allí radica el espíritu de la ley de la no reelección inmediata de autoridades.
Otro punto a mejorar es la forma de evaluación de los futuros candidatos, primeramente por los partidos políticos que los patrocinan, porque al ser en muchos casos solo vientres de alquiler para postulantes, no se permite la democracia interna partidaria y solo se ocasiona que quien quiere llegar al poder, o continuar en él, se aproveche de los recovecos legales buscando rodear la norma legal. Es solo una artimaña de la que se valen para lograr su fin; pero, como todo es perfectible, se puede corregir y mejorar. Todos nos merecemos un país más justo y legal.
