POR: JULIO FAILOC RIVAS
Cuando todos creían que lo del adelanto de elecciones para el 2023 era posible, el Congreso dio nuevamente un portazo a la demanda más sentida de la población, mostrando que pesa más sus miserias y la ambición por quedarse en poder hasta el 2026 que el de la sana aspiración de un pueblo que ofrendó más de 60 vidas para tener una mejor representación en el legislativo y el ejecutivo.
No nos equivocamos cuando auguramos que era difícil un acuerdo político para el adelanto de elecciones para este año, simplemente porque se resisten a dejar el poder porque no quieren renunciar al dinero que les reditúa estar en el cargo, además de los beneficios colaterales que les deja los lobbies a favor de las grandes corporaciones que denunciara en su momento la congresista Susel Paredes.
Sin embargo, la cosa no va a quedar allí, pues la presión para que el Congreso apruebe el adelanto de las elecciones ya no solo vendrá de la demanda de los sectores movilizados, sino también de los grupos de poder y de los medios de comunicación concentrados como lo venimos advirtiendo en este espacio. La paralización de la economía y las cuantiosas pérdidas económicas generadas por la crisis política, ha roto del mito de que la economía y la política caminan por cuerdas separadas, lo cual ha puesto en alerta a más de uno de los que cortan el jamón en este país.
Aun cuando todavía haya resistencia de algunos medios de comunicación de quitarle el respaldo al gobierno de Dina Boluarte y seguir justificando la militarización y represión a la movilización popular, lo más probable es que se irán alineando en un solo discurso tal como lo hicieron en contra del gobierno de Pedro Castillo. Y es que el gobierno de Dina Boluarte en su intento de “pacificación” ha tenido un costo social y económico muy alto que al final lo estamos pagando todos los peruanos, incluido los grandes empresarios. Nadie creyó que era posible un gobierno peor que el de Pedro Castillo.
Por su lado el ejecutivo por enésima vez, sin que nadie les haya preguntado han anunciado que no van a renunciar y que no van a ceder ante la presión de los grupos violentistas, que la pelota está en la cancha del Congreso, que ellos ya hicieron lo suyo, haciendo oídos sordos a las demandas de la población que exige que se vayan todos desde hace más de sesenta muertos.
En la historia republicana, no solo ningún gobierno –con la complicidad y el aval de un Congreso irresponsable y mediocre– ha resistido tantas muertes, sino que también un pueblo movilizado haya resistido tantos días.
El circulo se va cerrando para un desenlace acelerado: la negación del congreso al adelanto de elecciones, la fuerza de la movilización de la población con un aumento de los muertos producto de los enfrentamientos, la paralización de la economía con el incremento de las pérdidas económicas, hará que los grupos de poder empiecen a presionar con el apoyo de los medios de comunicación una salida inmediata a la crisis al ejecutivo.
Dina Boluarte ya no tiene salida pues le alcanzó una bala perdida desde el Congreso, sin embargo, le queda algo que podría reivindicarla en algo por tantas muertes: la bala de oro que está obligada a engatillar para que todos se vayan a sus casas.
Los congresistas que apostaron a entornillarse en el poder para cobrar todos sus sueldos completos hasta el 2026, no solo perderán la soga, sino también la cabra por miserables y embusteros, porque no hay nada más poderoso de que el rumor de las calles y los intereses de los grupos de poder cuando se les toca el bolsillo.