La Junta de Usuarios Hidráulico Torata, dan un plazo de 72 horas a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), para tener una respuesta a la problemática ambiental, caso contrario se tomarán acciones de fuerza mayor.
Con fecha 7 de noviembre del 2021, se emitió un pronunciamiento a nombre de las autoridades y dirigentes, así como la sociedad organizada.
El documento refiere lo siguiente: “Frente al constante abuso del Estado, los gobiernos sucesivos no han brindado una atención oportuna frente a las exigencias viables que realiza la sociedad civil en favor de una agricultura, ganadería y una vida con recursos naturales saludables, donde el Estado a través de sus ministerios y sus instrumentos de gestión ambiental no han podido demostrar que el país se pueda desarrollar una minería ambientalmente sostenible, prueba de ello son los impactos ambientales que se vienen dando en la cuenca del río Coralaque, río Tambo, río Torata, río Asana – Tumilaca desde sus nacientes, producto de la actividad minera en sus diferentes fases (exploración, construcción, explotación y cierre de mina).
Habiendo recibido el Oficio Nro. D000222-2021-PM-SGSD de fecha 5 de noviembre del presente, los representantes de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, rechazan en su integridad el contenido de dicho documento por cuanto no refleja la asistencia en forma inmediata a resolver los problemas de las actividades mineras en la región.
Las autoridades y representantes de la sociedad civil organizada, manifiestan que no participarán de ninguna reunión promovida para realizar los sobrevuelos u otras acciones propuestas por los representantes del gobierno, entendiendo que es una actitud totalmente “distractora” a tocar los temas de fondo.
Se pide la presencia en la región Moquegua, de la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez y los ministros de Estado de las carteras de Energía y Minas, Salud, Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, Producción, para la toma de acuerdos y decisiones puntuales para la solución de la problemática”.
De igual forma, se ratifican en los acuerdos del acta del 21 de octubre y 4 de noviembre del presente, y otorgan 72 horas para tener una respuesta por parte del Gobierno Central, caso contrario reiteran que la responsabilidad ante cualquier acción de fuerza mayor y las consecuencias de estas, serán enteramente del Gobierno Central.